Fiscal

Javier Bas Soria. Una cuestión, tradicionalmente controvertida en materia tributaria, ha sido la posibilidad de aportar nuevas pruebas en el procedimiento de revisión.

En principio, nada en la normativa limita esta aportación; es más, se prevé expresamente la posibilidad de aportar pruebas relativas a hechos relevantes para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en el artículo 236 de la LGT. Aunque no se prevea en el recurso de reposición una fase probatoria comparable a la de las reclamaciones económico-administrativas, lo que resulta lógico por la mayor sencillez de este procedimiento de revisión, el artículo 23 del Reglamento general de revisión prevé que al documento de iniciación se acompañen los documentos en los que el recurrente funde su derecho.

Francisco Javier Gil Arroyo. A veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Este dicho bien podría aplicarse a la propia Administración que, con las trabas e impedimentos que la burocracia conlleva, puede autolimitarse, incluso sin desearlo, en su labor de prevención de fraude fiscal. Es cierto que se ha avanzado muchísimo y que la Administración Tributaria española está a la vanguardia en el control tributario, pero únicamente con autocrítica se puede seguir avanzando en el cumplimiento de los fines encomendados.