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Araceli Crespo Pascual. La recién llegada reforma laboral busca satisfacer los requerimientos impuestos por Europa para la obtención de las ayudas económicas contenidas en el Fondo REACT-EU, que forma parte de un paquete de ayudas más amplio aprobado por la Comisión Europea en julio de 2020, denominado Next Generation EU, y que alcanza una cifra total de 750.000 millones de euros para el conjunto de Estados miembros.

Juan Luis Jurado Raya. El convalidado Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, introduce una novedad respecto al párrafo 5.º del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, y más concretamente sobre la concatenación de contratos temporales.

No es suficiente una reseña normativa, sino una breve reflexión de la importancia de esta modificación, pues, además, bajo mi opinión, el legislador laboral sugiere la utilización de herramientas de organización interna del trabajo.

José Antonio Ruiz Sainz-Aja. En la confección de los pliegos de cláusulas de los contratos administrativos, la Administración debe establecer el presupuesto del contrato, detallando tanto la base imponible como el IVA procedente. Es aquí donde en ocasiones surge un error provocado por la utilización de un tipo incorrecto.

José Miguel Conesa López. Vivimos tiempos convulsos en los aspectos financieros de las empresas. Aunque no ha sido premeditado, los cambios en la normativa contable se han solapado con los efectos que el coronavirus ha producido en nuestra economía, que se resumen en una sola palabra: crisis.

La crisis ha producido (y lo seguirá haciendo, desgraciadamente, aún durante un tiempo indeterminado) efectos en los balances y cuentas de resultados de las empresas, y, por añadidura, en sus cuentas anuales.

Juan Antonio González Ruiz-Henestrosa. La política de contratación pública es una de las principales herramientas para el fomento de la economía, pero también está orientada a la consecución de objetivos sociales y medioambientales. Reflejo de ello lo encontramos en el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, donde en su artículo 9 se dice literalmente: «en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana».