Nos interesa

Ramón Chesé. El aire de nuestras ciudades no se encuentra todo lo limpio que nos convendría, siendo en parte culpables de ello las emisiones de los motores de combustión de coches y motos y algo debe hacerse para su mejora.

No se trata de entrar en la discusión sobre qué tipo de motor o combustible debemos primar y que, de todas maneras, lo que hay que hacer es utilizar y potenciar el transporte público.

Lo que quiero poner de manifiesto, cogiendo el coche como ejemplo, es el papel de la fiscalidad en la toma de decisiones por parte del consumidor y el carácter regresivo que pueden tener los impuestos finalistas.

Ángel Díaz Redondo. Desde el año 2008 los tipos de interés oficiales han venido descendiendo continuadamente. Esta política implementada por el Banco Central Europeo (BCE) vino apoyada en dos pilares diferentes: en un primer momento reducir los efectos perversos de la crisis financiera internacional, que en nuestro país se agravó por la vinculación excesiva del sector financiero al sector inmobiliario y por lo tanto contribuir a un menor endeudamiento y morosidad global. En una segunda fase, la política de reducción de tipos continuó hasta situarse en el 0 % en 2016, valor que actualmente mantienen, viniendo en este caso justificada por el intento de apoyar a la demanda interna para estimular la economía y evitar así una fase de desaceleración (el euríbor 12 meses, indicador comúnmente utilizado en la referencia de préstamos hipotecarios, cotiza en negativo desde febrero de 2016).

Antonio Sánchez Gea. Internacionalizarse no es vender en el exterior (simplificando, a eso lo llamaríamos exportar), y por obvia que nos pueda parecer la afirmación, nunca está de más repetirla. El proceso de internacionalización va más allá, es una decisión estratégica de la empresa en la que, involucrando a gran parte de sus áreas funcionales y comprometiendo una cantidad variable de recursos, se preparará a dicha empresa para competir en los mercados exteriores seleccionados, con vocación de obtener ingresos recurrentes provenientes de los mismos.

Simeón Vadillo. Lamentablemente la contabilidad se ha convertido en una mera formalidad, una obligación que toda empresa o empresario debe cumplir porque así lo establece, fundamentalmente, el Código de Comercio o la Ley de Sociedades de Capital o la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Y ello es así porque, en mi opinión, los preceptos contables se han alejado demasiado de la realidad en la que se desenvuelven los negocios empresariales.

De acuerdo con los datos del INE, en España existen 3,3 millones de empresas (incluidos 1,8 millones de autónomos). Y las empresas y sus empresarios tienen como una de sus principales prioridades saber lo que pasa con "la caja". Y la contabilidad sigue sin dar respuesta a esta preocupación de dueños y gestores.

Rubén Bejarano Ferreras. Entramos en la recta final del 2019. Un año que pasará a la historia de nuestra democracia por tener un ciclo electoral de gran intensidad, con una reciente renovación en solo unos meses, de todos los Ayuntamientos, la mayoría de las Comunidades Autónomas, nuestros representantes en el Parlamento Europeo y hasta dos veces el Congreso de los Diputados. Una situación esta última que ya ha dejado de ser inédita y que viene para quedarse, dada la fragmentación política existente en nuestra sociedad.

Una renovación de instituciones que de momento no se está traduciendo en impulso de iniciativas y programas económicos y sociales, así como la gestión de nuestros derechos más básicos que nuestra sociedad necesita con urgencia. O lo que es lo mismo: parece que estamos asistiendo en la mayoría de Gobiernos regionales y locales más a alternancias en el poder que a alternativas políticas. Una situación que se puede agravar si son ciertas las señales de alarma que predicen algunos analistas sobre una nueva recesión global, y su trascendencia en nuestro país, cuando no hemos salido aún de la anterior crisis económica, devastadora no solo para muchas personas sino también para empresas y con administraciones públicas con menos recursos para gestionar nuestros derechos sociales.