La reforma fiscal: mayor presión para las clases medias y las rentas del trabajo

Juan José Pintado
Profesor de Economía del CEF.- y de la UDIMA

Foto de Stock.xchng

¿Recuerdan aquello de “mucho ruido y pocas nueces”?, pues exactamente eso es la reforma fiscal del Gobierno. El Partido Popular, como consecuencia de sus errores, los efectos de la crisis y la pérdida de renta sufrida por los españoles debida a la devaluación salarial, el aumento de los impuestos y del paro, y de los recortes, sufrió una fuerte pérdida de votos en las elecciones europeas de 25-M.

Pues bien, si el objetivo es recuperar los votos perdidos, sin duda, un buen eslogan para las próximas elecciones: “hemos bajado los impuestos” puede contribuir a ello.

La realidad es que, en este país, seguirá soportando la mayor carga fiscal la “clase media” y, en particular, las rentas del trabajo. España necesita una verdadera reforma fiscal que responda a un plan global, simplificando el sistema y poniendo el foco en reducir el fraude fiscal, que según algunos informes sigue incrementándose escandalosamente.

Por otro lado, el posible menor ingreso fiscal resultante lleva a cuestionarse cómo se va a conseguir el objetivo de déficit público para el 2015 y 2016, que exige un ajuste superior a los 25.000 millones de euros. En este sentido, es evidente que se pone en riesgo la consolidación fiscal o ajuste de las cuentas públicas. Salvo que se tengan pensadas mayores rebajas del gasto público.

El Ejecutivo ha presumido de que la reforma fiscal supondrá grandes beneficios para todos los ciudadanos. Pues bien, procurando no perdernos en un aluvión de cifras y porcentajes, vamos a centrarnos en los aspectos esenciales y sus posibles efectos o resultados.

Se reducen el número de tramos y el tipo impositivo aplicable a los mismos. No está claro que la reducción sea justa y ecuánime para todos los ciudadanos. Ahora bien, lo peor es que, quizá para compensar esa rebaja, las indemnizaciones por despido, sin excepción, tributarán a Hacienda, salvo una cantidad mínima exenta por año que está por determinar.

De forma que se podría argumentar que, en contraste con la rebaja de la tributación a los más ricos, se les quita más dinero a los que más lo necesitan (los que han perdido su trabajo).

Se debería gravar de manera más efectiva a las grandes empresas, a las multinacionales, a las grandes fortunas y a los bancos

Quizá en determinados casos de elevadísimas cantidades para algunas élites fuese correcta la medida, pero para la gran mayoría -que también ha visto mermada la propia indemnización por despido- supone un duro castigo. Sobre todo, a quienes se quedan sin empleo a una edad con escasas posibilidades de reincorporarse al mercado laboral.

Además, no se asegura la igualdad de trato a todos los ciudadanos, ya que, por ejemplo, en el País Vasco o Navarra la exención por tributación de indemnizaciones por despido es de 180.000 euros, mucho más de lo que parece proponer el Ejecutivo para el resto de españoles.

Por otro lado, a partir del año 2015 se suprimirá la deducción por el pago del alquiler de la vivienda habitual para los nuevos contratos. También se reduce la exención del 60% al 50% sobre los ingresos provenientes de arrendamientos, y desaparece la exención del 100% por inquilinos menores de 30 años.

Está claro que, precisamente, estas medidas, ni fomentan ni favorecen el acceso a la vivienda en alquiler.

También sorprende, el nuevo sistema por el que tributarán las ventas de inmuebles de segunda mano. Desaparecerá, desde principios del próximo año,  la corrección de la inflación acumulada entre la fecha de compra y la de venta. También se eliminan otros coeficientes correctores que hasta ahora se aplicaban a los inmuebles adquiridos con anterioridad a 1994.

El resultado de estos cambios es que se tributará directamente, como ganancia patrimonial, la diferencia entre el valor de compra y el de venta. En muchos casos la medida supondrá pagar hasta cuatro veces más de lo que se viene pagando en la actualidad.

La reforma planteada no está, a tenor de algunos estudios, lo suficientemente clara, y se mantienen o introducen nuevas desgravaciones fiscales que no mejoran la neutralidad. Lo que es peor, adolece de medidas en línea con la necesidad más imperiosa, la simplificación de nuestro sistema tributario.

Otros  analistas resaltan que, en contra de lo prometido, el proyecto no recupera las sucesivas subidas de impuestos acometidas desde 2011. Aunque la carga fiscal sobre los ciudadanos se reduce, más que una reforma se puede considerar como una rebaja selectiva, y en dos plazos, de los impuestos.

Resulta obvio que lo que se pretende es recaudar más. No se acomete la imperiosa reforma fiscal que precisamos: las medidas son “parches sobre parches”.

Se debería gravar de manera más efectiva a las grandes empresas, a las multinacionales, a las grandes fortunas y a los bancos, y no a los ya de por sí empobrecidos trabajadores y endeudadas familias. De esta forma, seguirá el consumo sin tomar los bríos que se precisan para impulsar adecuadamente a la demanda agregada de la economía. Un aspecto esencial para la ansiada recuperación.

Aunque la carga fiscal sobre los ciudadanos se reduce, más que una reforma se puede considerar como una rebaja selectiva, y en dos plazos

Hasta del lado de los empresarios se critica la reforma: se ve, como aspecto positivo sobre todo para las pymes, que reduce el tipo del Impuesto de Sociedades del 30% al 25%, pero se señala que queda todavía lejos del tipo único del 20% adoptado recientemente por algunos países de la OCDE.

Con los cambios, en absoluto se persigue reordenar la maraña de impuestos autonómicos en relación a la tributación de empresas.

No solo el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sino en general el sistema tributario español ha alcanzado tal complejidad y casuística, que dan como resultado la unanimidad de los analistas respecto a la urgente necesidad de una verdadera reforma que lo simplifique, le dote de transparencia y, sobre todo, de una mayor equidad en la contribución de cada ciudadano al esfuerzo colectivo.

Deben publicarse, como en otros países, las listas de los defraudadores, y han de adoptarse medidas mucho más serias y de fuerte calado para luchar contra el fraude fiscal. Al menos, como las existentes en las economías de nuestro entorno. 

Con ese objetivo, como en otros, es ineludible el consenso mayoritario de los representantes políticos. Así se hizo con la reforma de Fernández Ordoñez que en 1977 supuso, quizá, el mayor cambio hacia la modernización de la tributación española.   

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