Fiscal

Isaac Ibáñez García. Según expone la misma Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI), “el derecho de petición permite a los ciudadanos de la Unión, así como a los residentes en el territorio de la Unión, presentar una petición al Parlamento Europeo sobre una cuestión que entre dentro de los ámbitos de actividad de la Unión. Es una de las piedras angulares de la democracia participativa en la Unión y uno de los principales derechos concedidos por los Tratados a los ciudadanos de la Unión, según lo dispuesto en los artículos 20, 24 y 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como en el artículo 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.

Juan Francisco Femenía Traver. En España, el cambio hacia un modelo de gestión de residuos más sostenible impuesto por la Ley 7/2022 de residuos, suelos contaminados y economía circular (en adelante, LRSCEC) es esencial para alcanzar los objetivos de circularidad. Además, ha supuesto un giro en la implicación de los entes locales respecto a la consecución de dichos objetivos, con la exigencia de establecer una tasa que cubra todos los costes de gestión de residuos, en un plazo al que finaliza el 10 de abril de 2025, a través de iniciativas como la recogida selectiva y la implementación de los pagos por generación¹ (pay as you throw).

Carlos Martínez Tormo. Como bien es sabido, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades, establece como regla general que los gastos imputados contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias, o en una cuenta de reservas, en un periodo impositivo distinto de aquel en el que proceda su imputación temporal, se imputarán a efectos fiscales en el periodo impositivo que corresponda originalmente. Es decir, la regla general es que cada gasto se impute en su ejercicio de devengo. Lo mismo ocurre con los ingresos.

Como excepción a dicha regla general, se prevé que aquellos gastos imputados contablemente en un periodo impositivo posterior, distinto del que proceda su imputación, podrán ser deducidos en estos términos siempre que de ello no se derive una menor tributación de la que hubiera correspondido de haberse imputado conforme a la regla general. En definitiva: la norma permite diferir la deducción de un gasto contable, ya que esto en teoría no solo no perjudica, sino que beneficia a los intereses de las arcas públicas (que a corto plazo ven incrementados sus ingresos).

Daniel González. Los conflictos relativos a la residencia fiscal de contribuyentes están cada vez más a la orden del día por la creciente globalización e internacionalización de la economía y el potenciamiento de herramientas digitales para trabajar en remoto, lo cual permite, en esencia, prestar servicios desde cualquier punto del planeta.

La consideración de residente fiscal en un Estado, y a efectos de un convenio para evitar la doble imposición, que es lo que nos interesa, en supuestos “internacionales” implica que la tributación efectiva del contribuyente se ajuste a las reglas de distribución de potestades de gravamen que regula dicho tratado, así como los límites, exenciones y supuestos de no sujeción que estén previstos.

Pascual Doménech Arés. Los actos administrativos requieren dos elementos para producir efectos: uno, interno, que reúnan los requisitos legales (forma, motivación, etc.). Y otro, externo, que se pongan en conocimiento del destinatario. Si ese elemento externo se omite, o se hace en un lugar donde se impide tener conocimiento del acto, este no reúne los requisitos y es nulo.

Para solucionar esto, en el ámbito tributario se distinguen dos tipos de procedimientos con posibilidades de notificación diferentes: los iniciados de oficio por la Administración tributaria y los que inicie el obligado tributario.