Retos de la gestión fiscal en el actual entorno
Rodolfo Alcaraz
Director del Departamento Fiscal de Deustche Bank España.
Ha sido profesor del CEF.
No parece necesario elaborar demasiado la idea de que la actual crisis financiera ha catapultado la discusión sobre la disciplina fiscal al indisciplinado primer plano de la agenda política. La reciente subida del IRPF, la más aún reciente modificación del Impuesto sobre Sociedades, y la posible próxima subida del IVA, son solo algunos ejemplos que lo demuestran. Tampoco parece necesario insistir en la idea de que, a causa de ello, la función fiscal, especialmente en el ámbito de la empresa, se enfrenta a nuevos retos. Cuáles son los principales factores de cambio en el actual entorno, y cuáles los retos que tales cambios plantean a la gestión fiscal, son sin duda aspectos que merecen cierta reflexión.
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Tal vez un buen comienzo sea fijarse en el reflejo jurídico de la actual situación. En lo que va de año hemos asistido (o resistido más bien) a la aparición de una veintena de disposiciones que, dictadas por el gobierno en forma de Reales Decretos-leyes, han servido de cauce jurídico a la implementación de las distintas reformas. Prácticamente todas ellas afectan, directa o indirectamente, a la materia tributaria, lo que evidencia que tanto la expansión regulatoria fiscal como su creciente complejidad son los primeros factores a tener en cuenta.
Cabe mencionar también, en segundo lugar, los defectos inherentes a la urgencia que caracteriza a estos instrumentos normativos. Hay que recordar, en efecto, que los Reales Decretos-leyes son, por mandato constitucional, disposiciones de naturaleza excepcional, permitidas únicamente en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Sin embargo, una cosa es que pueda darse una situación de extraordinaria y urgente necesidad, y otra muy distinta que bajo el paraguas de un Real Decreto-ley se dicten normas tributarias sustanciales, que trasciendan la coyuntura de crisis, y afecten de forma permanente a elementos esenciales del sistema tributario. Un ejemplo lo tenemos en el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Este Real Decreto-ley, que modifica sustancialmente el Impuesto sobre Sociedades, junto a determinadas medidas temporales dirigidas a anticipar recaudación para el Estado, introduce otras de carácter indefinido que inciden sobre elementos esenciales del tributo e implican una modificación de fondo de nuestro marco regulatorio fiscal. Es el caso, por ejemplo, de la nueva limitación a la deducibilidad de los gastos financieros netos hasta el límite del 30% del beneficio operativo del ejercicio. Sin entrar en los detalles, lo más llamativo de esta nueva limitación es que tiene carácter retroactivo, carece de régimen transitorio y plantea interrogantes de calado que traslucen, en último extremo, la falta de un adecuado análisis. Por ello, no es descartable pensar que en un futuro cercano puedan surgir modificaciones de estas normas, lo que añade a lo anteriormente señalado un problema adicional de incremento de inestabilidad del sistema fiscal.
Tampoco parece necesario insistir en la idea de que la función fiscal, especialmente en el ámbito de la empresa, se enfrenta a nuevos retos
En tercer lugar, cabe destacar que una serie de normas, aún en tramitación, supondrán un reforzamiento de las facultades revisoras de la administración, tanto a nivel recaudatorio, como sancionador, y de control informativo (aparecerán, por ejemplo, nuevas y exhaustivas obligaciones de información sobre cuentas, valores, instrumentos o inmuebles situados en el extranjero). Estas medidas, junto con algunas tendencias internacionales que permiten aventurar nuevos enfoques en la actuación de la inspección tributaria, apuntan al incremento de la presión supervisora como un factor más a considerar.
Por último, aspectos tales como la globalización (las nuevas propuestas de imposición en el ámbito de la Unión Europea, como la denominada Tasa sobre las Operaciones Financieras o Financial Transaction Tax son otro buen ejemplo), así como los cada vez mayores requerimientos de transparencia, gobierno corporativo y gestión globalizada, se suman a los anteriores retos y obligan, como decimos, a replantear el modelo de gestión fiscal corporativa.
Concluyendo, parece evidente que la nueva situación exige, cada vez con mayor intensidad, un modelo de gestión fiscal de alto rendimiento y con mayor capacidad de adaptación a un entorno fiscal en constante transformación. Que en este escenario la función fiscal ha visto incrementado su peso en la dirección de la compañía, añadiendo a sus tradicionales funciones de planificación, contabilidad, gestión de impuestos e inspecciones fiscales, aspectos igualmente críticos, como la participación en la planificación estratégica de la empresa y en la implementación de soluciones, la gestión proactiva y sostenible del riesgo fiscal, el reforzamiento de los canales de comunicación e interacción con el resto de la organización o la implementación de políticas de gobierno corporativo, parece fuera de toda duda.