Balance de la defensoría del pueblo europeo desde 2013 y retos para la nueva titular

Isaac Ibáñez García
Licenciado en Derecho. Abogado

Derecho

La irlandesa Emily O'Reilly ha desempeñado el cargo de defensora del pueblo europeo desde julio de 2013 hasta el 27 de febrero de 2025, fecha en la que asumirá el mismo la portuguesa Teresa Anjinho, para el periodo 2025-2029.

El Defensor del Pueblo Europeo es una institución fundamental para la ciudadanía de la Unión Europea. “Es un órgano independiente e imparcial encargado de garantizar que las agencias e instituciones de la UE se atienen a la obligación de rendir cuentas, así como de promover la buena administración. El Defensor del Pueblo ayuda a las personas, empresas y organizaciones que se enfrentan a problemas con la administración de la UE investigando las reclamaciones de mala administración relativas a las instituciones y organismos de la UE, pero también examinando de forma proactiva cuestiones sistémicas más amplias”. Es, ante todo, una magistratura de persuasión.

Además de investigar casos individuales de mala administración en las instituciones de la UE, la institución también está facultada para trabajar proactivamente en cuestiones estratégicas más generales. “El Defensor del Pueblo Europeo lleva a cabo investigaciones estratégicas de oficio, cuyo objeto es llamar la atención sobre asuntos de interés público y analizar cuestiones sistémicas de carácter más general que afectan a las instituciones de la UE, así como al proceso democrático de toma de decisiones”.

La transparencia es una prioridad esencial en la labor del Defensor del Pueblo Europeo y ocupa una parte muy relevante de su labor. En su investigación estratégica OI/2/2022/OAM elaboró un informe especial dirigido al Parlamento Europeo, solicitando el apoyo de este, pues en opinión de la defensora del pueblo, los ciudadanos tienen derecho a esperar mejores prácticas de una Administración de la UE abierta, moderna y con vocación de servicio. En este asunto, la investigación concluyó que los retrasos sistémicos y significativos en la tramitación, por parte de la Comisión, de las solicitudes de acceso público a los documentos constituyen un caso de mala administración: “La Comisión necesita, con carácter prioritario, corregir esta situación”.

Posteriormente, en su investigación estratégica OI/4/2023/MIK concluyó que la Comisión Europea está sufriendo retrasos significativos en la tramitación de las solicitudes de acceso público a los documentos legislativos, con consecuencias especialmente graves para la participación ciudadana en la vida democrática de la UE. Los expedientes inspeccionados mostraron que el Consejo y la Comisión no están dando pleno efecto al principio de transparencia legislativa, tal como se establece en los tratados de la UE, el Reglamento 1049/2001 y la jurisprudencia relacionada.

Ya al final de su mandato, teniendo en cuenta que la Comisión está haciendo caso omiso a sus recomendaciones, la señora O'Reilly se mostró claramente pesimista. Así, en su discurso del 13 de diciembre de 2024 en Maastricht, dijo:

“No tengo plena confianza en que esa brecha de rendición de cuentas se vaya a colmar o en que exista un deseo político de colmarla. El acceso a los documentos está ahora más controlado que nunca, y los casos de supuesta sensibilidad política se retrasan durante un tiempo inadmisible o se deniegan por motivos muy dudosos”.

En lo que respecta a la supervisión de la actividad de la Comisión Europea como guardiana de los tratados (procedimientos de infracción), el papel del Defensor del Pueblo Europeo se ve limitado, debido al amplio margen de discreción de la Comisión.

En su investigación estratégica sobre el tiempo que tarda la Comisión Europea en tramitar las denuncias de infracciones del derecho de la UE y la forma en que comunica los procedimientos de infracción (SI/6/2024/JN), se puso de manifiesto la deficiente tramitación de las denuncias por infracción del derecho de la UE; asunto sobre el que la institución sigue recibiendo reclamaciones.

Debe tenerse en cuenta que cada día aparecen más críticas sobre la instrumentalización política del procedimiento de infracción por parte de la Comisión. El Parlamento Europeo ha denunciado que en este asunto puede haber mercadeo político con los Estados miembros o un doble rasero por parte de la Comisión, realizando recomendaciones a la Comisión sobre buenas prácticas.

En mi opinión, la nueva defensora del pueblo, la señora Anjinho, debería seguir insistiendo en estos aspectos fundamentales de su actividad y, asimismo, investigar la muy deficiente actuación de la Comisión, en perjuicio de los ciudadanos y empresas, en su competencia para hacer que los Estados miembros ejecuten las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, que tiene reiteradamente señalado que el incumplimiento debe finalizar “inmediatamente”.

La gobernanza horizontal del mercado único y la garantía del cumplimiento de sus normas pasan por abandonar la politización del procedimiento de infracción del derecho de la UE, por mejorar notablemente la ejecución de sentencias del TJUE y por facilitar el acceso a los documentos de los procedimientos legislativos en curso.