CORA, esa “mascota” que facilita la vida a los ciudadanos
Alfredo Suaz González
Interventor Auditor del Estado
Asesor en la Oficina para la ejecución de la reforma
Exalumno del CEF.-
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Jorge es un español de unos 45 años de edad, tiene una formación media, y vive en una gran ciudad. Como cualquier ciudadano tienen sus problemas cotidianos, pero a principios de 2012 su situación personal, profesional y familiar empieza a ser excesivamente complicada. La crisis, dichosa crisis, le ha obligado a cerrar su negocio, una empresa de consultoría de gestión de sistemas y soluciones informáticas. Y la culpa principal de su fracaso empresarial, tras siete años de crecimiento de la pequeña empresa, ha sido fundamentalmente el impago de sus trabajos por los clientes; estos eran sobre todo Administraciones Públicas (su municipio, su comunidad autónoma, e incluso algunos contratos con ministerios y entes públicos del Estado). Ganó esas licitaciones en buena lid, pero desde finales de 2009, hace más de dos años, los trabajos que ha realizado empiezan a no ser cobrados; la “falta de fondos” y “los ajustes o recortes presupuestarios” le dicen siempre. El caso es que la asfixia de liquidez que tiene su pyme es insostenible, y aunque ha ido resolviendo o no renovando los contratos de empleados que iba incorporando, ello no ha sido suficiente y se ha visto abocado al cierre. Lo peor de todo, es que incluso los trámites para liquidar y disolver definitivamente la empresa le están costando mucho tiempo y muchos sinsabores, y por supuesto más dinero. La situación para encontrar ahora un empleo por cuenta ajena está muy complicada; en enero de 2012 España está viviendo sus cotas más preocupantes de paro; las noticias en los medios no pueden ser más pesimistas: déficit disparado, la famosa prima de riesgo por las nubes, inminente intervención de las cuentas públicas por las autoridades comunitarias…Menos mal que su esposa es funcionaria de la Comunidad Autónoma (al menos, cuentan con ingresos asegurados), aunque a la congelación de su sueldo en los últimos años, se une ahora el rumor de que va a haber problemas para el pago de nóminas en los próximos meses, por la falta de liquidez de la consejería que le paga.
Por todo ello, Jorge decide intentar volver a emprender en otro negocio, esta vez en consultoría laboral. Como no logra desembarazarse todavía de las gestiones de la anterior empresa, pierde mucho tiempo en las oficinas de desempleo “por si acaso”, y los trámites para la apertura de la nueva empresa son también procelosos, empieza a estar desesperado: problemas con licencias de apertura, medioambientales, esperas para la regularización en la Seguridad Social, e incluso largas mañanas en la cola de la jefatura de tráfico de su ciudad para renovar permisos y homologación de un antiguo vehículo industrial que va a necesitar en su nueva andadura empresarial. Por no hablar de los problemas con los bancos para acceder a algún tipo de financiación.
Como las desgracias nunca vienen solas, su padre, viudo y octogenario, que vive en su pueblo natal, bastante alejado, ha empeorado considerablemente de una enfermedad irreversible que hace que no pueda vivir solo; ha de trasladarse al domicilio que Jorge comparte con su mujer e hijos en su ciudad; y el poco tiempo que le queda libre a nuestro protagonista lo dedica a acompañar a su padre a las consultas de los nuevos médicos que su enfermedad crónica requiere, para poner al día su historial médico, al ser un nuevo paciente de la comunidad autónoma de Jorge, que es la competente en esta materia.
La buena noticia es que Jorge va a ser padre por tercera vez; su mujer está embarazada y esperan con ilusión a su bebé, que será una niña.
Hasta aquí, me he permitido mostrar de una manera algo novelesca (sin pretensiones por mi parte, ni mucho menos) la situación de muchos españoles durante la crisis; cualquiera de nosotros nos podemos identificar con esta situación, reflejándola en nosotros mismos, o en amigos o familiares.
Si todo siguiera igual, seis meses después Jorge estaría desesperado. Los trámites de cierre de su antiguo negocio le agobiarían, no acabaría de obtener las licencias para el nuevo, ni financiación. No encuentra trabajo por cuenta ajena, las pruebas médicas de su padre, por reiterativas, están minando la moral de este y su salud cada vez es peor. No es capaz de obtener ayudas públicas, ni orientación profesional, ya que no tiene ni un minuto para nuevas colas o citas presenciales que le ofrezcan alguna información; y las noticias generales sobre la situación económica, el paro, la situación bancaria, etc…serían cada vez peores.
A partir de aquí me centraré en algunos datos, sin ánimo de aburrir al lector, ni de abrumar con cifras, de las reformas puestas en marcha por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que por supuesto no solventan todos los problemas que nos acuciaban en las fechas señaladas, pero sí han supuesto un conjunto de “muchas pequeñas reformas” que han hecho que el camino de ciudadanos como Jorge, casi cuatro años después, se haya allanado para resolver sus problemas profesionales y algunos personales, aunque ni él ni muchos de ustedes sepan que esas mejoras estaban incluidas en ese paquete de medidas.
Es obligatorio, por parte de la Administración, continuar con el proceso reformista; quedan muchas cosas por hacer
Así, a nivel macroeconómico, como todos sabemos la situación de nuestra economía ha pasado de recesión a crecimiento, la tendencia del empleo, aun siendo muy grave la situación, está en fase de reducción del paro, se ha inyectado liquidez a las Administraciones autonómica y local para el pago de sus facturas pendientes y en general, para evitar el estrangulamiento de su actividad por la falta de liquidez; se han puesto las primeras piedras para el saneamiento del sector bancario y la recuperación del crédito, se ha generado una renovada confianza que ha permitido obtener la reducción drástica de la prima de riesgo, y las cifras de déficit van cada año logrando la convergencia hacia un déficit asumible
En cuanto a la CORA en concreto, dicha Comisión se crea en octubre de 2012; está compuesta por funcionarios públicos, con el objetivo de hacer un diagnóstico de la situación y funcionamiento de las Administración, y proponer medidas concretas de reforma (inicialmente 217, que finalmente se han ampliado a 222). Se pone en marcha un buzón de sugerencias de ciudadanos, y se tiene en cuenta la opinión de agentes sociales (asociaciones empresariales, sindicatos, etc…). Los trabajos de la CORA se centran en los siguientes objetivos: eliminar duplicidades internas de las Administraciones Públicas, simplificar procedimientos y reducir cargas para ciudadanos y empresas, mejorar la gestión interna de la Administración para hacerla más eficiente, y en concreto, lograr el adelgazamiento de la función pública, suprimiendo o racionalizando entes públicos.
Los resultados iniciales de la Comisión se plasman en el Informe Ejecutivo de la CORA, presentado en Consejo de Ministros de 21 de junio de 2013. Las principales novedades de este conjunto de medidas, respecto a otras reformas anteriores, está en la cercanía de las medidas propuestas a la realidad social, administrativa y económica, y las posibilidades reales de la implantación de tales medidas en el medio plazo; además se habilita un instrumento para su seguimiento exhaustivo: la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración -OPERA-, creada bajo dependencia directa de la Vicepresidencia y del Ministro de Hacienda.
La obligación fundamental de dicha oficina es la presentación de informes trimestrales al Consejo de Ministros para rendir cuentas de la reforma, y su publicación en internet.
Pues bien, volviendo a los ejemplos de nuestro ciudadano Jorge, se han simplificado enormemente los trámites para la apertura de empresas con la entrada en vigor de la Ley de emprendedores (14/2013) y de la Ley de garantía de la unidad de mercado (20/2013) y su normativa de desarrollo. Además, se amplía a 750 metros cuadrados la superficie mínima de un local comercial para estar obligado a solicitar licencia previa (y algunas CCAA lo han ampliado más, o incluso han hecho desaparecer tal exigencia). También se han agilizado los trámites para liquidación y cierre de sociedades, y simplificado los trámites medioambientales.
Pasos decisivos para evitar situaciones como la del impago de facturas por las entidades públicas, han sido la Ley Orgánica de control de la deuda comercial (9/2013), y la Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público de factura electrónica y registro contable (25/2013). Así, esta última establece la obligación de emitir factura electrónica por los proveedores (excepto importes inferiores a 5.000euros), y la Administración competente, ya sea Estado, Comunidad Autónoma o Ayuntamiento, se ha visto obligada a poner en marcha registros electrónicos de facturas, donde se registran estas automáticamente y son objeto se seguimiento en su tramitación y pago. Hasta diciembre de 2015 se han registrado más de cinco millones de facturas por valor de 24.000 millones de euros.
Una de las mayores novedades es la puesta en marcha del Portal de transparencia. Operativo en el Estado desde diciembre de 2014, supone, como consecuencia de la aprobación de la Ley de transparencia (19/2013), un avance inédito en esta materia; en él se encuentran publicados y actualizados permanentemente contratos y convenios, normativa, subvenciones, objetivos y competencias de los entes públicos, así como datos económicos y presupuestarios de los mismos (como retribuciones de todos los altos cargos). Y además, se prevé un procedimiento reglado para que los ciudadanos puedan consultar cualquier tipo de dato de relevancia pública, con la obligación de contestar por parte de los organismos en plazo y forma.
Otras facilidades para ahorrar tiempo, desplazamientos y costes a los ciudadanos y empresas son la implantación de las citas previas en todas las jefaturas de tráfico de España, en los servicios de empleo, o la tramitación telemática de homologaciones de vehículos; también constituyen un avance significativo (con muy buena acogida por el sector empresarial, por cierto), los nuevos servicios telemáticos de la Seguridad Social, con posibilidad de consultas telemáticas en el espacio web Tu seguridad social, o la implantación del sistema CRETA que permite que las empresas reciban mensualmente el borrador de cotizaciones de sus empleados para confirmarlo, en su caso, o rectificarlo (semejante al borrador de la declaración de la renta que recibimos anualmente de la Agencia Tributaria).
Jorge habrá recibido con mucho agrado medidas que facilitan también su vida personal; así, si ahora tuviera otro hijo, podría tramitar telemáticamente su filiación al registro civil directamente desde el hospital; esta medida se ha puesto en marcha en octubre pasado, y se han tramitado más de 3.000 nacimientos. Pero más importante es la implantación de las recetas electrónicas (sobre todo para enfermos crónicos, con sistema de alertas de reposición de medicamentos y citas desde las propias farmacias), y la extensión a todas las CCAA de la historia clínica digital interoperable, que hace que los nuevos médicos de su padre enfermo, por ejemplo, no requieran repetir todas las pruebas de diagnóstico al contar con el historial médico completo de cualquier ciudadano que se encuentre en cualquier punto del territorio nacional. Todo ello supone, además, importantes ahorros para la propia Administración, como es lógico.
Otras medidas que afectan más indirectamente al ciudadano, por ser de eficiencia interna de la Administración, como son la contratación centralizada de determinados bienes y servicios, la reducción de vehículos de parques móviles y un control exhaustivo de los mismos a través del Inventario de vehículos oficiales “IVO”, la reducción de gastos por arrendamientos con una gestión más eficiente de los espacios de patrimonio público, la venta de edificios y solares infrautilizados, así como mejoras en la gestión de la tesorería del Estado, que suponen importantes ahorros por intereses.
Asimismo, se ha apostado por corregir una de las manifestaciones más evidentes de la burocracia excesiva y de las duplicidades: la proliferación de entes públicos de diversa naturaleza. En este sentido, en un esfuerzo sin precedentes, y compartido por las tres Administraciones Públicas, estatal, autonómica y local, se han suprimido, ya desde 2010, 2.305 organismos públicos.
Se ha apostado por corregir una de las manifestaciones más evidentes de la burocracia excesiva y de las duplicidades: la proliferación de entes públicos de diversa naturaleza
Todo ello ha ido acompañado por medidas para la optimización del empleo público (pero sin llegar al despido de personal al servicio de la Administración, como sí ha ocurrido en otras reformas: sin ir más lejos en Portugal). Y las reformas más importantes de cara a asegurar esta cultura de mayor eficiencia en la Administración se plasman en dos leyes de reciente aprobación, que entrarán en vigor en 2016: la Ley de procedimiento administrativo (39/2015) y la Ley de régimen jurídico del sector público (40/2015).
En las relaciones internas de la administración, se propone un procedimiento de elaboración normativa objeto de evaluación previa y seguimiento continuado, con audiencia a los ciudadanos.
Además, también se refuerzan los mecanismos que eviten la proliferación injustificada de organismos públicos, y la evaluación independiente que proponga su supresión cuando ya no haya necesidad evidente para su mantenimiento.
En la relación del sector público con terceros, se apuesta por una Administración cada vez más electrónica, “con cero papel” (salvo excepciones para ciudadanos que no puedan, o que quieran relacionarse en papel), y por una mayor seguridad jurídica, introduciendo el principio de common commencement dates para la entrada en vigor de normativa que afecte a ciudadanos o empresas: así, la normativa aprobada en cada semestre entrará en vigor el 2 de enero y el 1 de julio de cada año.
En definitiva, gracias al esfuerzo en particular de los funcionarios públicos (en su mayoría sin duda profesionales con entrega y entusiasmo por el servicio público, por lo que hacen), se han logrado muchas pequeñas mejoras importantes en nuestra vida cotidiana, y se ha logrado revertir la tendencia al despilfarro en nuestras Administraciones, primando los criterios profesionales para una mayor eficiencia: en definitiva, hacer más con menos.
No obstante es obligatorio, por parte de la Administración, continuar con el proceso reformista; quedan muchas cosas por hacer.
Como anécdota final, Jorge ha regalado una cachorrita de fox terrier a sus hijos mayores; y le han llamado Cora. Es un bonito nombre ya que, como me dijo un insigne alto cargo de un ministerio (que no citaré) allá por la primavera de 2013, el acrónimo de esta Comisión “CORA” es, efectivamente, “un nombre muy adecuado para una perrita, pero no servirá para nada más”. Honestamente, creo que se equivocaba.