¿Qué motivación encontramos para ahorrar invirtiendo en ladrillo con la nueva ley de la vivienda?
Nieves Quevedo Román
Responsable de administración comercial de promotora de viviendas. Experta inmobiliaria.
Urbanismo
En España, como en otros países de la Unión Europea, tenemos la cultura de que invertir en ladrillo nuestros ahorros es una forma de tener asegurado nuestra rentabilidad, de comprar un bien seguro.
En España, muchos pequeños inversores o simplemente particulares que querían obtener un beneficio de sus ahorros compraban vivienda(s) para poder alquilarla o venderla cuando se hubiera revalorizado lo suficiente como para que les compense los impuestos a pagar, tanto en la compra como en la venta.
Pero ahora, con la nueva ley de la vivienda, ya no es tan rentable y es difícil encontrar la motivación.
En primer lugar, para comprar obra nueva, resaltar que debido a los altos costes del precio de construcción y, por consiguiente, el incremento de los precios del inmueble en sí, ahora necesitamos tener más fondos para hacer esta compra.
Si no contamos con todo el importe y necesitamos solicitar un préstamo hipotecario para cubrir la parte que nos falte, debemos tener en cuenta el aumento de los tipos de interés y el cambio en el modelo financiero.
Pero, además, la demanda es más amplia que la oferta, haciendo que se disparen los precios en ventas de segunda mano, dando menos calidad y garantías que si compramos obra nueva, junto a precios muy altos debido a la gran oferta que existe.
En mi opinión, la Administración no está actuando con eficiencia a pesar de la aparente prioridad política.
La legislación, en lugar de dinamizar, aumenta los impuestos, los plazos administrativos se alargan y se produce inseguridad y falta de motivación.
La nueva ley aprobada por el gobierno actual prioriza proteger a colectivos vulnerables.
Los controles de precios a la hora de fijar el alquiler han sido vistos como una amenaza a la propiedad privada.
Otro tema muy polémico es que se consideran grandes tenedores los que tengan más de cinco viviendas de uso residencial destinados al alquiler, con el consiguiente incremento en impuestos que tendrán que asumir.
Y además, por ley, tienen que bajar los alquileres con base en el índice de referencia de las propiedades que se encuentren en zonas tensionadas.
Los pequeños propietarios, es decir, los que tienen menos de cinco viviendas, obtendrán ayudas para bajar el alquiler en zonas tensionadas, con una bonificación fiscal en el IRPF.
En el anteproyecto de ley se contempla un 90 % si se rebaja la renta un 5 % del total del anterior contrato, 70 % si se alquila a jóvenes entre 18 y 35 años o se destina a alquiler social con un precio inferior, y 60 % de bonificación si la vivienda se ha rehabilitado en los dos años anteriores.
En las zonas no tensionadas, los precios de los alquileres serán libres, mientras que en las zonas tensionadas se establecerán topes, que se establecerán dependiendo de la modalidad del contrato y propiedad: gran tenedor o pequeño propietario.
Ahora, si el inversor piensa que no le compensa alquilar la vivienda, también tendrá sanción en el IBI, dependiendo del periodo que no se haya alquilado y dependiendo de las viviendas que tenga el propietario. Es decir, se trata de que no compense ser lo que se denomina “gran tenedor”, de que alquilemos las viviendas y al precio que nos indique la Administración, con los topes expuestos antes.
Además, si nos lo ocupan, se priorizará el estado y situación de los okupas al del propietario.