El Alto Representante para la Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea (PESC) insta a acelerar e incrementar el apoyo militar a Kiev en la Conferencia de Seguridad de Múnich

Alberto Jorge Candel

Grado en Derecho por la UDIMA.

Política

El 24 de febrero se cumplió un año de la invasión rusa que, en contra de la Comunidad Internacional, perpetró el régimen autócrata de Putin sobre Ucrania y su población, considerado por muchos un socio geoestratégico y geopolítico no solo para la Unión y la OTAN, sino también para China y sus socios, que conforman lo que conocemos como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC, por sus siglas).

Aunque el origen del conflicto se sitúa en noviembre de 2013 (año del Euromaidán), cuando miles de manifestantes salieron a protestar a la Plaza de la Independencia de Kiev, dada la negativa y suspensión por Víktor Yanukovich a firmar el Acuerdo de Asociación y Libre Comercio con la UE, cuyas negociaciones y entrada en vigor se fueron aplazando hasta quedar en suspenso durante un año, por ser la liberación de Yulia Timoshenko y Yuri Lutsenko, opositoras al Gobierno ucraniano, una de las exigencias europeas para la firma de dicho acuerdo; y la protección industrial y el mantenimiento de las relaciones con los países de la Comunidad de Estados Independientes, una prioridad para Mikola Azárov y el propio Yanukovich, quienes reprocharon a la Unión Europea y al FMI la falta de apoyo económico que hubiera compensado el divorcio comercial con Rusia, a la vez que admitían que había sido Moscú quien había conminado a Kiev a no sellar el pacto; los hechos cobraron especial virulencia con la invasión en abril de 2014 y la posterior anexión de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk (Dombás), la Península de Crimea y las autoproclamadas regiones ucranianas sureñas de Mariúpol, Jersón y Zaporiyia en aquella fallida DUI que conmovió al mundo, firmada el 30 de septiembre del pasado año por el Presidente de la Federación rusa, Vladímir Putin, tras el conflicto armado entre las fuerzas separatistas prorrusas y el Gobierno de Ucrania, liderado por Petró Poroshenko, quien tomó posesión de su cargo el domingo 8 de junio de 2014, siendo despojado del mismo, tras las elecciones de marzo de 2019, en las que Volodímir Zelenski resultó elegido en segunda vuelta (abril del mismo año) con más de 9.019.208 votos respecto al segundo candidato llamado a ejercer la Presidencia del Gobierno de Ucrania, el entonces, Petró Poroshenko del Partido Solidaridad Europea (escisión del Partido Socialdemócrata ucraniano) que consiguió 4.522.320 sufragios; a la que siguió aquella operación militar especial anunciada el 24 de febrero de 2022 bajo el mandato de Zelenski (presumiblemente en el cargo, hasta el próximo mes de mayo de 2024) por Putin para "desmilitarizar y desnazificar Ucrania".

Durante el asedio a Kiev, al que fueron sometidas las Fuerzas Armadas ucranianas durante 24 días por el ejército ruso y sus acólitos, se vio durante los primeros días el enorme potencial de Rusia como potencia nuclear hegemónica, que fue flaqueando a medida que la guerra "relámpago" se fue prolongando en el tiempo, y las potencias occidentales y sus aliados fueron abasteciendo de material militar a Ucrania (sistema de lanzamiento de cohetes Himars, misiles antitanque Javelín, Howitzers, armas antitanques ligeras Nlaw, Tanques T-72M1, Drones Bayraktar TB2, Sistemas de Defensa Aérea S- 300, etc.), y fueron imponiendo fuertes sanciones a Rusia, que hasta octubre de 2022 contaba con un total de 12.665 medidas restrictivas activas según el Portal Statista, siendo este el país que mayor número de sanciones activas acumula desde febrero de 2022, muy por encima de dictaduras y regímenes autocráticos como Irán, Siria, Corea del Norte, Bielorrusia, Venezuela y Myanmar, que juntas suman 10.938 sanciones activas.

Constituyendo estas acciones por parte de Rusia, junto al ataque aéreo al hospital de Mariúpol (al que las autoridades ucranianas y Cruz Roja Internacional consideraron apocalíptico), las matanzas y masacres de la ciudad de Bucha, Irpín, Jersón, Zaporiyia y otras regiones ucranianas, un crimen de agresión que puede ser perseguido bajo el principio de Jurisdicción Universal por el Tribunal de la Corte Penal Internacional, la CIJ, la Convención sobre Genocidio de 1948, y el Estatuto de Roma que prohíbe "la invasión, ataque, cualquier ocupación militar o anexión mediante el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas de un Estado del territorio de otro Estado o una parte del mismo"; con independencia de que Ucrania no haya ratificado el Estatuto de Roma y Rusia conservando el derecho de veto, retirará su firma en 2016; la UE en su Declaración Institucional de los miembros del Consejo Europeo de 30 de septiembre de 2022 rechaza enérgicamente la anexión ilegal por parte de Rusia de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón al socavar de forma deliberada el orden internacional basado en normas y violar de forma flagrante los derechos fundamentales de Ucrania a la independencia, soberanía e integridad territorial –principios básicos consagrados en la CNU y el Derecho internacional–, hasta el punto de respaldar decididamente a Ucrania y su población, al considerar que Ucrania está en su derecho legítimo a defenderse de la agresión rusa para recuperar el pleno control de su territorio, y conservar el derecho a liberar los territorios ocupados bajo dominio ruso dentro de sus fronteras interiores reconocidas a efectos internacionales.

Tal es así, que continúan diciendo que las amenazas nucleares del Kremlin, la movilización militar y estratégica de intentar presentar falsamente el territorio ucraniano como ruso y querer hacer ver que la guerra podría estar librándose ahora en territorio ruso, no quebrantarán nuestra determinación, al seguir ofreciéndole un férreo apoyo económico, militar, social y financiero durante el tiempo que haga falta.