Privados de libertad

José Ignacio Estradé Morante
Abogado y Mediador. Vicepresidente de la Asociación de Abogacía Penalista Europea. Socio Director de Estradé & Casal Abogados.

Derecho

Quienes nos dedicamos de forma especializada al Derecho Penal y Penitenciario, tenemos claridad de la realidad de los Centros Penitenciarios y del impacto que supone para el justiciable una pérdida del derecho a la libertad.

Porque no solo pierden la libertad, sino el trabajo que venían desarrollando, las relaciones familiares, sociales, los hobbies y hasta la salud. Y esto no es solo con quienes cumplen una condena firme, sino con quienes están en una situación provisional de privación de libertad. Y, recordemos que alrededor del justiciable, hay familia, amistades, parejas, etc., que también sufren por esa situación.

En nada ayuda la falta de mantenimiento de los Centros Penitenciarios, la falta de inversión o que el Derecho Penitenciario sea la asignatura olvidada en casi todas las Facultades de Derecho (salvo alguna honrosa excepción). Sin duda, es el eslabón más débil de la cadena y así es muy complejo cumplir con las grandes finalidades de la privación de libertad: la resocialización y la educación.

Los síntomas y diagnósticos tan nefastos de la realidad penitenciaria se alivian gracias al trabajo de muchos funcionarios de Instituciones Penitenciarias (no todos), de diversas Asociaciones sin ánimo de lucro que realizan labores esenciales de comunicación con las familias (muchas veces a miles de kilómetros), de trabajo social y de formación. También para algunas situaciones se está tratando de fomentar la mediación penal y penitenciaria, planes de Justicia Social o acciones de Justicia Restaurativa, aunque aún no se logra implantar por burocracia, por falta de compromiso o de voluntad.

Y no olvidemos que los profesionales de la abogacía tampoco podemos trabajar de forma adecuada a través de un cristal, sin una mesa o sin poder introducir un portátil con el que trabajar junto a nuestros clientes, como sería deseable y siendo posible con el diseño de protocolos de seguridad. Es algo completamente incomprensible: las limitaciones que tenemos para trabajar de forma normal en los Centros Penitenciarios no es complicado de solventar y parece más un tema de falta de voluntad de hacer mejor las cosas.

Urge un cambio de modelo, mirar experiencias de países avanzados en esta materia y no perder el foco en los verdaderos fines de estar privado de libertad. No siempre es posible, pero en muchos casos si se consigue resocializar de forma adecuada, estamos ganando en seguridad al evitar reincidencias, estaremos mejorando en salud social y en satisfacción personal tanto de la persona afectada como de sus entornos y de los profesionales que han trabajado con el interno/a para lograr el objetivo. Y, por supuesto, ofreciendo a las personas perjudicadas y víctimas de la delincuencia una garantía de cumplimiento de las condiciones necesarias para la vuelta a la sociedad de quien cometió un delito. Y esto es así, porque a las víctimas tampoco hay que dejarlas solas. Debería realizarse un seguimiento por partes de las Administraciones Públicas de forma que con el paso del tiempo se hayan podido sanar las heridas, aunque quede una cicatriz.

Finalmente, no hay que olvidar que el Derecho Penal supone el mayor y más duro reproche que un Estado de Derecho puede realizar a un individuo como consecuencia de la comisión de un actuar delictivo y, por ello, deben existir las máximas garantías de defensa y de respeto a un debido proceso y no abusar (como muchas veces sucede) de esta jurisdicción, cuando hay conflictos que se llevan a sede penal pudiendo tener cabida en el ámbito civil o mercantil. El Derecho Penal funciona de una forma reactiva y solo con políticas públicas de calidad en educación, en arraigo familiar (sea el modelo que sea de cada uno) y en prevención del delito, podremos bajar los índices de comisión delictiva.