Revista Digital

Tomás Rojas Pacheco. En los últimos tiempos, al menos es la percepción que me queda a la vista de leer y estudiar multitud de normativa, se está legislando sin pensar en todas las consecuencias, se piensa únicamente en el objetivo que tiene esa legislación, pero no en todo lo que puede verse afectado alrededor de ese objetivo.

Y quiero traer a colación uno de los últimos ejemplos. La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, entre otros artículos, adicionó un apartado 3 bis al artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). Resumiendo, venía a decir que ninguna empresa podía ser beneficiaria de subvención alguna si no cumplía con los plazos de pago a proveedores que se establecen en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Ángel Antonio Hidalgo Ponce. Debido a las actualizaciones constantes en las aplicaciones en la auditoría, se produce un aumento de la calidad del servicio, permitiendo a las empresas introducirse en nuevos mercados.

De cara a la toma de decisiones con una mayor información por parte de los directivos, la planificación empresarial y la auditoría deben ir alineados para llevar a cabo el cambio con un sentido de urgencia, por la disrupción que está sufriendo el sector.

También es importante evaluar los riesgos vinculados a la tecnología, al proveedor, a la inversión, al cumplimiento, a la ciberseguridad y al deterioro para identificar las debilidades en el sistema de control.

Isaac Ibáñez García. El derecho de los ciudadanos a acceder a los documentos en poder de las instituciones de la UE está reconocido en el artículo 15 del Tratado de Funcionamiento de la UE y en el artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y desarrollado, principalmente, en el Reglamento 1049/2001 sobre el acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Puede decirse que la institución más relevante a la hora de ejercer este derecho es la Comisión Europea, por lo que sus prácticas negativas en la aplicación del reglamento pueden producir un efecto contagio en el resto de órganos, oficinas y agencias europeas.

Maribel Barbosa. El pasado 29 de junio de 2023 entró en vigor la nueva Ley de Familias (RDL 5/2023, de 28 junio) como respuesta al objetivo marcado por la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019.

Esta disposición europea tiene como objetivo marcar el camino de progreso en las relaciones laborales, amparando y protegiendo toda aquella actuación que obedezca a una necesidad de atención de cuidado de familiares o dependientes, sin que quepa discriminación alguna por razón de sexo, ya sea de forma directa o indirecta.

Ángel-Lesmes Gárate Martínez. El derecho, como su propio nombre indica, hace referencia a lo que es recto, a la manera correcta de conducirse; en la lengua latina se decía ius, que tiene concordancia con la palabra justicia, pues esta procede de iustitia en latín. Así pues, el derecho y la justicia aparentemente están íntimamente relacionados. Cierto es que hay normas jurídicas, esto es, derecho, sensu stricto, que no son justas, pues, por ejemplo, respecto a la ley del aborto, se permite que este se produzca en muchos casos, así que no se protege la vida humana, con lo que estaríamos ante una ley injusta; el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo supone que un ser vivo humano que en potencia y desarrollo, esperando la gestación natural, llegará a ser un bebé, esto es, un ser humano, en condiciones normales no lo llegue a ser. Esto se ha discutido mucho por los médicos y juristas, pues en muchos casos entra en colisión el derecho de la madre y el derecho del nasciturus a su vida; véase el caso de mujeres que no desean tener al hijo por múltiples causas y que sin querer se quedaron embarazadas.