En cuestión el Estado de derecho ¿Presunción de inocencia o presunción de culpabilidad?

José Antonio Ruiz Cano
Licenciado en Economía por la UCAV. Graduado en Derecho por la UDIMA.

Jurídico

La presunción de inocencia es un principio esencial en cualquier Estado de derecho. Este concepto, originado en el Derecho romano, establece que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante pruebas en un proceso judicial justo. Este derecho está protegido por el artículo 24.2 de la Constitución. Sin embargo, la Ley de violencia de género (Ley orgánica 1/2004) ha generado debate al ser vista como una posible vulneración de este principio: la detención automática de un hombre acusado de violencia de género, basada únicamente en la denuncia de una mujer. Aunque la ley busca salvaguardar a las víctimas, plantea serios problemas en cuanto al respeto a la presunción de inocencia del acusado y sus derechos fundamentales.

En lugar de garantizar un proceso judicial con pruebas suficientes, la detención preventiva convierte la denuncia en una presunción de culpabilidad. La detención del hombre basándose en la palabra de la denunciante equivale a una pena anticipada. Esto rompe con el equilibrio entre la protección de la víctima y los derechos del acusado, ya que la libertad de una persona se restringe sin pruebas previas.

Hay que señalar que, en derecho penal, toda persona se presume inocente (iuris tantum) hasta que se demuestre lo contrario; es esencial para garantizar un proceso justo. En este caso, la denuncia sirve como punto de partida, pero la falta de corroboración antes de la detención pone en riesgo la presunción de inocencia. La detención automática, sin una investigación previa, refuerza un sistema que vulnera la libertad individual, asumiendo la culpabilidad del hombre.

El principio de presunción de inocencia se remonta al Derecho romano, donde el jurista Ulpiano estableció que la carga de la prueba recae sobre quien acusa, no sobre quien niega (ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat). Este principio ha sido clave en la evolución del derecho penal moderno. Además, durante el reinado de Isabel I de Castilla, las Leyes de Indias de 1512, pioneras en la aplicación de la presunción de inocencia, garantizaban que los acusados tenían derecho a ser escuchados antes de ser condenados, sentando las bases de un sistema judicial más justo y equitativo. Este enfoque reflejaba la importancia de no condenar a nadie sin pruebas suficientes, y por consiguiente protegía la libertad individual.

Un ataque a la libertad individual

Uno de los aspectos más preocupantes de la ley es la facilidad con la que se puede detener a un hombre simplemente porque una mujer lo denuncie. Sin necesidad de una investigación preliminar, se pueden imponer medidas cautelares que afectan gravemente la libertad personal del acusado, como el alejamiento de su hogar o la suspensión de derechos. Este enfoque puede generar un estigma social permanente, incluso si posteriormente se demuestra su inocencia.

Es incuestionable que la violencia doméstica es un problema grave que requiere una respuesta firme, pero la detención preventiva automática rompe el equilibrio entre la protección de las víctimas y los derechos fundamentales del acusado.

Las medidas deberían ser proporcionadas y adoptadas con cautela, garantizando que se respeten las garantías procesales. Sin embargo, la ley actual parece ignorar la necesidad de pruebas previas antes de privar a alguien de su libertad.

Sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional: un aval cuestionable

El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han avalado dicha ley en varias sentencias. En la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2008 se argumentó que la ley no vulnera la presunción de inocencia porque las medidas cautelares, como la detención preventiva, son temporales y buscan evitar un daño mayor a la víctima. Además, el tribunal ha insistido en que la carga de la prueba sigue recayendo en la acusación y que el acusado mantiene intacto su derecho a un juicio justo.

Sin embargo, en la práctica, la detención automática y la privación de derechos se imponen antes de que se demuestre la culpabilidad del acusado, lo que cuestiona la presunción de inocencia. Desde al año 2014 hasta 2023 (https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176866&menu=ultiDatos&idp=1254735573206) han venido aumentando los casos de violencia contra la mujer de forma exponencial, según el INE. Es válido preguntarse si realmente se está logrando un equilibrio adecuado entre la protección de las víctimas y los derechos fundamentales del acusado.

La presunción de inocencia es un derecho fundamental en cualquier sistema jurídico que aspire a ser justo. Si bien la ley tiene como objetivo proteger a las víctimas, la detención automática de un acusado sin pruebas suficientes representa una vulneración clara de este principio.

Aunque los tribunales han avalado la ley, ello no significa que sea justa, por lo que es crucial reconsiderar si estas medidas drásticas y automáticas respetan realmente los derechos fundamentales del individuo o si, en su afán por proteger a las supuestas víctimas, están sacrificando el Estado de derecho.