Entrevista a Ascensión Martín Sánchez
Ana Sequeros
Licenciada en Derecho. Estudiante de Periodismo en la UDIMA. Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
Entrevista
La designación de Ascensión Martín Sánchez, de 68 años, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, como portavoz de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JPD) no fue casual. Con sobrados méritos profesionales, la magistrada ya había desempeñado, en 2018, el puesto de coordinadora en Murcia para la asociación progresista y con anterioridad también había trabajado en su Secretariado, integrando la ejecutiva que salió del Congreso de Vitoria/Gasteiz, en 2006.
Tal y como ha declarado en entrevistas anteriores, Martín Sánchez considera un “hito” que una mujer haya llegado a alcanzar la portavocía de una de las asociaciones de jueces y juezas más importantes de España. Desde luego, hemos podido ser testigos a través de esta entrevista, de que no le faltan firmeza ni inteligencia para desempeñar su cargo, y, lo que no es menos importante, tampoco sentido del humor.
¿Por qué decidió formar parte de Juezas y Jueces para la Democracia y no de otra asociación?
No podía ser otra. Para mí Juezas y Jueces para la Democracia ha significado un punto importantísimo en mi vida profesional. Sinceramente, desde la Escuela Judicial tenía muy claro que me tenía que asociar, porque creo en las asociaciones y, desde luego, por mis convicciones, por mis valores, por mi ética profesional, y por las ideas que me transmitían no podía formar parte de otra asociación que no fuera Juezas y Jueces para la Democracia.
Cuando me incorporé a la asociación se llamaba Jueces para la Democracia, el nombre de la asociación se cambió en un congreso reciente porque queríamos que se visualizase el hecho de que no solo había Jueces sino también Juezas. Porque sí, creemos que a veces el nombre significa mucho, para otras asociaciones quizás no, pero sí para la nuestra, que quería hacer visible el hecho de que el 52 % de la carrera judicial en la actualidad son mujeres. Cada día el porcentaje es más alto, en breve estaremos en el 60 %, o incluso en más. La gente joven que ingresa en la escuela judicial son en su mayoría mujeres. Para nosotros es importante que el sistema de acceso se base en los principios de mérito y capacidad, sin que se vea afectado por ninguna otra connotación, como puede ser el hecho de ser hombre o mujer.
¿Es, en realidad, tan importante que la palabra mujer se destaque en la denominación de la asociación?
Sí es muy importante. Hay que visualizar la imagen de las juezas y magistradas que están en la carrera judicial que tienen derecho a que se las denomine así, como juezas y magistradas, no es algo que sobre. Es lo que entendemos que procede en estos momentos, sobre todo por el alto porcentaje de mujeres que, como he comentado antes, hay en la carrera judicial.
¿Cómo es la relación entre las distintas asociaciones judiciales? ¿Hasta qué punto trabajan de modo independiente y en qué temas lo hacen de modo conjunto?
Dependiendo de los asuntos. En todo lo que afecta al interés corporativo, digámoslo así, vacaciones, permisos, jubilación… lo normal es que las asociaciones estemos de acuerdo, y, de hecho, solemos hacer algunos comunicados de manera conjunta. Entendemos que así tenemos más fuerza, pues, de este modo, logramos representar a un colectivo mucho más amplio, yendo juntos en lugar de separados. Y parece que tanto la sociedad, como los poderes públicos lo perciben así. Luego hay temas en las que ya hay distintos puntos de vista entre las asociaciones.
Por ejemplo, frente a un concreto tema legislativo cada asociación puede tener su punto de vista individual de cómo debe hacerse un determinado trabajo o estudio, y por ello, eso lo abordamos, generalmente, desde distintos ámbitos. Pero lo esencial, lo estrictamente corporativo, nos permite a las asociaciones ponernos de acuerdo, pues mantenemos una buena relación entre nosotros. Tanto con Francisco de Vitoria como con el resto de asociaciones tenemos muchos puntos en común propios de la profesión, y todos somos, en definitiva, compañeros. Por ello es lógico que, desde ese punto de vista, actuemos de modo conjunto.
Existen temas diversos, como pueden ser el del seguro colectivo o el de las vacaciones en los que estamos todos de acuerdo. Luego hay otros puntos, cuando hay implicados ciertos valores de otro tipo, en los que cada asociación actúa a su propio modo. La mayor parte de las veces es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Además, los asociados esperan que los defiendan; hemos tenido bajas en la asociación de miembros que han considerado que no se defendían, en un momento dado, sus intereses como consideraban que debía hacerse.
(Durante la entrevista la magistrada recibe una llamada de su hija; disculpándose aprovecha la ocasión para subrayar la importancia de la conciliación de la vida familiar y profesional, especialmente para las mujeres)
Su asociación celebra, bianualmente, un congreso de debate sobre temas de interés general desde la perspectiva de la justicia. ¿Qué temas están entre esos que han considerado en distintas ocasiones de interés general? ¿Cuál es el más recurrente, si es que lo hay?
No tenemos Congresos conjuntos con ninguna de las otras asociaciones, lógicamente. Sí es verdad que invitamos, como deferencia, a miembros de otras asociaciones y ellos nos invitan a nosotros. Los temas de los Congresos son temas de mayor calado, mucho más profundos. Normalmente son cuestiones jurídicas muy profesionales y de gran complejidad como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Violencia de Género, la Ley de Protección Integral de la Infancia, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. También determinadas actuaciones en materias concretas que van desde la libertad de expresión a la carrera judicial; son cuestiones, como digo, más profundas y de entidad jurídica.
Por desgracia, el año pasado no pudimos celebrar, debido al COVID, el Congreso de forma presencial, y en el anterior, que fue en La Coruña, ya se trataron temas candentes como fue, por ejemplo, la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y el Congreso fue en el año 2019. Desde entonces ya estábamos con este tema, con la elección de los vocales, y todo ello sigue ahí sobre la mesa a día de hoy. Me da desilusión, los últimos acontecimientos solamente contribuyen al descrédito de la institución. No solo del Consejo General del Poder Judicial, sino también de los magistrados del Tribunal Constitucional y la figura del Defensor del Pueblo. Quiero mucho a mi profesión, como todos los jueces, y que se cuestione el valor de la institución, que se está desprestigiando conforme pasan los días, pues duele muchísimo. Llevo más de 33 años en la carrera judicial y nunca había vivido una situación así, esta obstrucción.
¿Es la renovación del CGPJ la principal preocupación de la asociación en la actualidad, y de los jueces por extensión?
En efecto, la principal preocupación en la actualidad es la no renovación del CGPJ. Ahora, en junio de 2021 (esta entrevista se actualizó en mayo de 2021), va a hacer tres años que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ya convocó en relación al tema de elección de los vocales, y la verdad, que lleguemos a junio de 2021 sin un proyecto claro, sin una renovación inminente, nos preocupa mucho.
Todo ello, sin perjuicio de que nos preocupen otras cuestiones muy de actualidad, como la incidencia de la COVID en las resoluciones judiciales, la salud física y mental de nuestros compañeros y compañeras que han padecido muchísimo en esta situación con el teletrabajo, las videoconferencias… que son otra forma de trabajar de la justicia de la que algún día se hablará… se ha hecho lo que se ha podido en un escenario en el que, por fortuna, no habíamos estado con anterioridad. Nos pilló a todos en una situación que no habíamos vivido nunca.
También nos preocupa el tema del acceso a la carrera judicial, entre las cuestiones mejorables, pero sí, a día de hoy, la no renovación pasa por nosotros por la normalidad democrática; sin solucionar este tema no hay normalidad democrática.
¿Qué trascendencia tiene la dimensión internacional de Juezas y Jueces para la Democracia?
Estamos dentro de MEDEL, Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades. Estamos inmersos en este proyecto conjunto de la Unión Europea y tenemos muchos trabajos en común. Acabamos de hacer un comunicado para los jueces de El Salvador, en Centroamérica. También hemos hecho otros a favor de los jueces de Polonia respecto de los que entendíamos que no tenían la suficiente independencia judicial. Siempre que hay algún problema a nivel de la Unión Europea contactamos para aportar soluciones de modo conjunto, y así, en ese marco jurídico más amplio del nacional, colaboramos. Tenemos una intensa vida asociativa y corporativa a nivel europeo.
Últimamente está sobre la mesa, de un modo especialmente intenso, el debate acerca de la independencia judicial. En relación con ello, en la trayectoria de la asociación han sido múltiples las intervenciones y pronunciamientos dirigidos a su defensa. ¿En qué punto está ahora la asociación respecto de este tema? ¿Cuál es su principal preocupación? ¿Qué iniciativas adopta?
Hemos defendido siempre los valores superiores del ordenamiento constitucional, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, sobre todo la democratización de la carrera judicial. Creemos que es muy importante que todo el mundo pueda acceder a la carrera judicial en condiciones de igualdad, y para ello hemos establecido un sistema de becas, para que no sea un impedimento la carencia de medios económicos para que una persona pueda dedicarse a estudiar los años que corresponda para ingresar en la carrera judicial. Ahí estamos trabajando mucho y ha sido nuestro principal baluarte desde el año pasado.
Estamos en el Secretariado desde el 1 de julio del 2020, y nos comprometimos no solo a la renovación del CGPJ de manera inminente, sino también a que todas las personas que quieran ser jueces o juezas, fiscales o fiscalas, no vean impedido su objetivo por la carencia de medios económicos. Relacionado con esto, también se ha reclamado la convocatoria anual de acceso a la carrera judicial con un aumento progresivo de plazas, pues tenemos una ratio de juez por habitante muy baja si nos comparamos con el nivel europeo, y consideramos que esto es un aspecto muy importante. La ratio adecuada asegura que se pueda trabajar con la debida mesura y que se pueda impartir justicia como merece el ciudadano.
¿Cree que finalmente la tan reclamada modificación de la LOPJ verá la luz?
Nuestra principal reivindicación, que no hemos cambiado desde que tomamos posesión del Secretariado, es que se renueve de inmediato y con la ley actual, sin modificar, el CGPJ, con la mayoría cualificada de tres quintos exigida en la actualidad en ley y, una vez que se renueve, ya se discutirá la reforma de esa ley. Ya llevamos tres años y no consideramos que deba pasar más tiempo. En realidad, lo que habría que preguntarse es si habría mayoría ahora para llevar a cabo esa reforma legal, y creemos que no. Ya habrá tiempo para entrar a ello, desde la tranquilidad que da que esté el CGPJ ya renovado y en plenitud de capacidad. Ahora mismo, sus funciones están muy cercenadas, no se pueden hacer nombramientos, por ejemplo.
Los medios se hacían eco a finales de abril de la movilización a través de Twitter de varios magistrados que, de espaldas a la cámara y con la toga puesta, solicitaban que los vocales del CGPJ accedan al puesto por un sistema mixto -la mitad elegidos por los propios jueces y la otra mitad por los políticos- en contra del actual sistema que es exclusivamente parlamentario. ¿Qué posición tiene al respecto Juezas y Jueces para la Democracia?
No estamos de acuerdo con la forma en que se llevó a cabo esa iniciativa. Hay otros muchos mecanismos que no enturbiarían la relación con la ciudadanía. Solamente lo siguieron dos asociaciones. La APM no la siguió y nosotros tampoco. Son libres para hacerlo de la forma que consideren más conveniente, pero a mí, esa forma de hacerlo no me pareció la mejor.
Cuando hablamos de asociaciones judiciales es inevitable que nos venga a la mente la figura de los sindicatos que defienden para el resto de los trabajadores sus derechos. Resulta paradójico, en cierto modo, que las personas cuyo oficio es, precisamente, impartir justicia, necesiten de asociaciones que representen sus intereses, no solo laborales. ¿No podrían considerarse en cierto modo prescindibles asociaciones como esta que realmente, cuando aplican la ley, ya ejercen su función garante de defensa del trabajador, pertenezca este a la carrera judicial o no?
Es un hecho que hay compañeros y compañeras que quieren que se defiendan sus intereses como juez o como jueza, incluso que si tienen algún problema hay alguien que los escuche, que los apoye, a efectos por ejemplo de conciliación de la vida laboral y familiar. Hemos conseguido, recientemente, otro día de permiso. O, por ejemplo, la posibilidad de solicitar por conciliación una menor carga de trabajo. Todo ello son intereses que podríamos llamar corporativos o profesionales y luego están otros sobre planteamientos éticos o jurídicos.
Cada asociación tendría que valorar qué es para ella lo primero, si la defensa de los valores éticos o temas como la conciliación de la vida laboral y familiar. Nosotros entendemos que hay que tener en cuenta todo ello. Hoy en día la conciliación es importantísima. Pero el hecho de que haya un Ministerio Fiscal independiente también es trascendental y nos afecta a todos.
Todos trabajamos para que la Administración de Justicia sea la mejor posible y nosotros la entendemos como un servicio público, como el respeto a los derechos de los ciudadanos. Nosotros ya le dimos este enfoque desde el año 1983 y por aquel entonces fue algo novedoso, ya que hoy se sobrentiende, pero en aquel momento era un valor, una novedad. Decidimos que nosotros trabajábamos para el ciudadano que merece toda la consideración y al hacerlo rompíamos un poco con el modelo de Juez anterior que estaba, por así decirlo, por encima del ciudadano.
Nos distanciamos de lo que era el “Juez de la urna” que estaba, como aislado y no debía conectar con el ciudadano. Es importante el acercamiento a la sociedad y a los ciudadanos a los que, en definitiva, van dirigidas nuestras sentencias.
En 2017 Jueces para la Democracia (JPD) resolvió añadir la palabra juezas a su denominación, de modo que, desde entonces, a esta asociación de corte progresista se la conoce como Juezas y Jueces para la Democracia. Se constituye en 1981. Sus orígenes como corriente interna dentro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) condicionaron su formación, y su propia definición, de la que, como notas a destacar, podríamos citar, sus propios fines, su trabajo por una organización judicial realmente funcional a los valores superiores del ordenamiento constitucional, y la búsqueda de la democratización de la Carrera Judicial. Cada dos años se convoca un congreso para la renovación del Secretariado, que está integrado por nueve miembros, y, anualmente, se convoca un Comité permanente. Los temas de interés general son tratados, desde la perspectiva de la justicia, en dicho Congreso bianual. En su organización se distinguen además el Secretariado, las secciones territoriales y las comisiones delegadas. Cuenta con cerca de 500 asociados en la actualidad, siendo la tercera en importancia por el número de socios de alta; en términos porcentuales supone un 8,5 % de los poco más de 5.400 jueces que hay en España, ello teniendo en cuenta que, de este total, más de la mitad no está afiliado a ninguna asociación (451 asociados según datos actualizados a 1 de septiembre de 2020 facilitados por el CGPJ). Por lo que a su representación en el CGPJ se refiere, los afiliados suponen un 40 % de los miembros del CGPJ, siendo cinco del total de los vocales de este órgano asociados de Juezas y Jueces para la Democracia.