Entrevistamos a Carmen Giménez Cardona, Vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid

Alberto Orellana
Redactor de Comunicación del Grupo Educativo CEF.- UDIMA.

Entrevista

Con gesto firme pero afable, la vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) recibe a 'Conectados' en su despacho de la calle Bárbara de Braganza. Lo primero que hace es agradecer el interés por “pulsar” la opinión de los procuradores. Preguntada por la huelga indefinida en la que está inmerso el sector en el momento de la entrevista -mediados de marzo-, Carmen Giménez Cardona reconoce que “está haciendo un daño importante a la Administración de Justicia”. Sobre todo teniendo en cuenta que no han terminado de superar los problemas que trajo la pandemia, lo que “ahonda en el retraso” que sufre Justicia. Algo que, en suma, conlleva “un gran perjuicio para el ciudadano y para los profesionales”, declara.

Sí es cierto que los procuradores “seguimos en nuestro día a día intentando trabajar” en la medida de posible, aclara. En su rutina se enfrentan a muchas suspensiones por procedimientos no resueltos y otras solicitudes que se realizan y no se obtiene respuesta, explica Giménez Cardona. Por ello, la situación es bastante “gravosa”, y esperan que haya “una solución pactada” lo antes posible para volver a trabajar.

No obstante, reconoce que esa “sensación de caos” que parece haberse generalizado en la Administración de Justicia no se debe exclusivamente a la huelga. “Hay muchas más causas”, dice, empezando por los tres años que llevan “arrastrando” los efectos producidos por el Covid. Y sin olvidar que muchos juzgados están “colapsados” por procedimientos de “cláusulas suelo, tarjetas revolving, etc.”, esclarece la vicedecana del ICPM. Un atasco que, prevé, será mayor porque encima se están suspendiendo juicios.

Así las cosas, la procuradora señala que no es solo que una demanda presentada en el juzgado no se tramite, sino que asuntos ya en trámite (a la espera de que se celebre un juicio o de su sentencia) no se puedan resolver. “Se está generando una situación verdaderamente complicada”, reconoce tras citar las cerca de 350.000 demandas que ese momento estaban retenidas en los juzgados de España. “Vamos hacia una situación muy preocupante”.

El procurador también “representa”

Ante esta situación, Giménez Cardona objeta que los procuradores podrían ayudar haciendo algo que saben hacer muy bien: los actos de comunicación. Es decir, todos aquellos que se envían para que, tanto las personas que son parte como las que no en una vista, sean debidamente informadas de la existencia del inicio del procedimiento. Notificar demandas, citar a las partes, requerimientos... “Este tipo de cosas las podemos acelerar y mucho”, afirma. Especialmente si pensamos en ese volumen de asuntos pendientes de tramitarse.

Con esta defensa de su profesión, Giménez Cardona aprovecha para recordar cuáles son las principales funciones del procurador. Y admite que, posiblemente debido a su especialización en Derecho Procesal, el procurador sea “el gran desconocido” de la Administración de Justicia. Su labor es más “soterrada” pero no por ello deja de ser fundamental. “Controlamos el procedimiento, vigilamos que siga el cauce oportuno”, detalla. “Por eso se dice que el procurador representa”, porque igual que con los términos médicos que se emplean en un hospital, el ciudadano no está familiarizado o directamente desconoce “los conceptos tan extraños que usamos los operadores jurídicos”, defiende.

Su trabajo, por tanto, es representar a las partes implicadas en el proceso judicial para que estén “debidamente asistidas”, prosigue Giménez Cardona. Son la voz de aquellas ante los Juzgados y Tribunales, y quienes reciben todas las notificaciones en el juzgado. De ahí que se haga todo en plena colaboración con los abogados y la Administración de Justicia, a quienes informan de “todo lo que pasa en el juzgado”, para beneficiar en último lugar al cliente. Ese sería el “foco de tres caños” que esboza la vicedecana para resumir las funciones del procurador: abogados, Administración y cliente final, para que todo se tramite con las debidas garantías.

“Evitamos que haya lugar a nulidades o cualquier tipo de problema” que pueda impedir al ciudadano “tener una sentencia o resolución en el momento oportuno”. “Trabajamos para que un procedimiento judicial salga adelante y en el menor tiempo posible”, desgrana.

“Ni una solicitud de nulidad”

En esa comunión con los abogados, y aunque se sabe parte interesada, reconoce que no puede evitar defender al procurador porque lo que hace es “dar garantías”. En el caso del abogado, le traslada el “conocimiento directo” que posee del juzgado, y una de las herramientas básicas con las que trabaja son los actos de comunicación. Aquellos necesarios para que un escrito presentado en el juzgado permita poner en conocimiento de la otra parte u otros implicados (testigos, peritos...) y sean debidamente citados al juicio.

Ya respaldada por la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 543), no fue hasta 2009 (con la Ley de la Oficina Judicial) cuando se estableció dar a los procuradores esa potestad. Y hasta 2015 era necesario hacerlo de la mano de testigos cuando la diligencia no se entendía con el interesado o este se negaba a firmar (lo cual “era bastante complicado”, matiza la vicedecana, pues implicaba acudir al domicilio de alguien y poder citarle o darle traslado de una demanda). Desde que en 2016 entrase en vigor dicha ley, los procuradores realizan actos de comunicación además de tener la capacidad de “certificar”, añade Giménez Cardona.

“Yo doy fe de que he acudido al domicilio (...) que le he informado de que se le ha dado traslado de una demanda y de que dispone de 20 días (pongamos por caso) para contestarla”. De ahí la importancia de estos actos de comunicación, “más en un momento como este”, apunta. Y es que debido a la acumulación de trabajo en los juzgados “estamos hablando de que podemos estar ahorrando a lo mejor una media de entre un mes y tres meses, solamente en que esa comunicación se haga por parte del juzgado”.

Desde el ICPM complementan dicha función con el servicio de Actos de Comunicación que se presta bajo un régimen de sustitución entre Procuradores. Es decir, “cuando yo procurador no puedo realizar un acto de comunicación (...) el colegio de procuradores tiene habilitado un servicio” que permite que “otro procurador acuda a hacer este acto de comunicación en menos de 48 horas”, explica.

Procuradores: telemáticos y mejor formados

Giménez Cardona defiende con orgullo que este servicio, que se aplica desde finales del 2016, “no ha tenido ni una sola solicitud de nulidad” hasta ahora “de ninguno de los actos de comunicación” que ha emitido. Además, señala, este sistema “anima” al propio abogado a encargar los actos de comunicación al procurador, pues a este le ampara “una infraestructura” de personas que controla el proceso para garantizar que efectivamente ese acto de comunicación “se realice en tiempo y forma”.

Por requerimiento del Tribunal Constitucional los actos de comunicación de primer emplazamiento (la primera noticia que uno tiene de una demanda) han de ser personales, acudiendo al domicilio. No obstante, “a partir de ahí se pueden hacer telemáticamente”, matiza la vicedecana.

De hecho, el ICPM ha creado una plataforma de certificación de envíos que permite al colegio (como “tercero de confianza”) emitir estos actos de comunicación a través de correos electrónicos y SMS certificados (e incluso burofax), para dar fe de que se ha realizado esa notificación. “Ahora mismo, además de ese primer emplazamiento personal, a través de esta plataforma podemos realizar citaciones, por ejemplo”, comenta Giménez Cardona.

Una muestra más de que velan porque se pueda celebrar un juicio, porque comunican de forma prácticamente inmediata a una persona que tiene que venir como testigo, perito... “Se lo comunicamos en ¿qué? ¿minutos? ¿lo que tardas en redactar el correo?”, incide. “Y además por un coste irrisorio” (45 céntimos el correo certificado, 11 el SMS certificado).

Una actualización en pos de la rapidez y, por ende, la mejora del servicio al ciudadano. Algo que también cree que mejorará gracias a formaciones como la del Grupo CEF.- UDIMA, que a partir del siguiente curso académico quedará unificado en el Máster en Práctica de la Abogacía y Procura. “Va a hacer mejores abogados y mejores procuradores, mucho mejor formados; van a conocer muchísimo mejor el funcionamiento de la Administración de Justicia”, abunda. “Por tanto, esa controversia al final va a ser realmente buena”.