El consorcio administrativo
Rubén Bejarano Ferreras
Abogado. Técnico de la Fundación FUSARA
Jurídico
Una apuesta eficaz y eficiente desde lo público
Entramos en la recta final del 2019. Un año que pasará a la historia de nuestra democracia por tener un ciclo electoral de gran intensidad, con una reciente renovación en solo unos meses, de todos los Ayuntamientos, la mayoría de las Comunidades Autónomas, nuestros representantes en el Parlamento Europeo y hasta dos veces el Congreso de los Diputados. Una situación esta última que ya ha dejado de ser inédita y que viene para quedarse, dada la fragmentación política existente en nuestra sociedad.
Una renovación de instituciones que de momento no se está traduciendo en impulso de iniciativas y programas económicos y sociales, así como la gestión de nuestros derechos más básicos que nuestra sociedad necesita con urgencia. O lo que es lo mismo: parece que estamos asistiendo en la mayoría de Gobiernos regionales y locales más a alternancias en el poder que a alternativas políticas. Una situación que se puede agravar si son ciertas las señales de alarma que predicen algunos analistas sobre una nueva recesión global, y su trascendencia en nuestro país, cuando no hemos salido aún de la anterior crisis económica, devastadora no solo para muchas personas sino también para empresas y con administraciones públicas con menos recursos para gestionar nuestros derechos sociales.
Pero lejos de promover entre todos un necesario debate en la sociedad sobre cómo garantizamos nuestros derechos sociales, esos que forman la parte dogmática de nuestra Constitución (la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales, etc.), asistimos ante una parálisis sobre qué medidas necesarias ponemos en marcha para consolidar un Estado del Bienestar que corre el peligro de mantenerse tal y como lo hemos conocido hasta ahora.
En el pasado, la aprobación de las Leyes 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y la 15/2014, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, vinieron a encorsetar más a la Administración Pública ante un supuesto gasto social que era incompatible, decían, con las medidas de ajuste que necesitaba este país para pagar un deuda insostenible. Pero ¿esto es para siempre? ¿Por qué en una época de crecimiento económico no hemos aprovechado para mejorar los servicios sociales? ¿Exploramos otras fórmulas de gestión para impulsar nuestros servicios públicos todavía recortados?
Un ejemplo claro, la última campaña de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid. Era asombroso presenciar cómo ninguna candidatura planteaba ninguna propuesta distinta en materia de Sanidad o Educación Pública después de 30 de años de gestión basada fundamentalmente en una participación cada vez mayor de la iniciativa privada en la construcción, explotación y gestión de estos centros públicos. Esta forma de gobernar, tan criticada por los defensores de lo público, no ha encontrado una propuesta alternativa más allá de los brindis al sol que supone exigir más recursos para programas públicos sin definir de dónde los sustituimos o de qué nuevos ingresos disponemos asumiendo la necesidad de aumentar la presión fiscal a la población.
Siguiendo con Madrid, una Comunidad Autónoma de referencia nacional, si consideramos que es necesario un cambio de rumbo encaminado a fortalecer de nuevo la gestión pública, es necesario abandonar el inmovilismo existente y apostar por otras fórmulas que conecten directamente con el llamado Tercer Sector, formado por entidades sin ánimo de lucro cuyo potencial profesional en distintas materias debe estar al servicio de la sociedad en su conjunto. Si apostamos por fórmulas de actuación interadministrativas con este tipo de instituciones sociales, sin tener que acudir a las transferencias de recursos públicos a manos privadas, tenemos una forma de gestión jurídico-administrativa, arrinconada por nuestros gobernantes hasta tal punto que es una perfecta desconocida, como es el Consorcio Administrativo.
El Consorcio, utilizado hasta ahora en Madrid en el ámbito del Transporte Público y de la planificación urbanística en algunos desarrollos, puede ser un instrumento que garantice nuestro sistema en la gestión de programas sociales.
Se establece en nuestro ordenamiento jurídico, como "entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias".
Además, supone un modelo de gestión flexible, mejora la eficiencia de la Administración Pública al tener un carácter de entidad instrumental para un determinado fin y supone una forma de apostar por la cooperación entre entidades públicas con una marcada voluntad de servicio público.
Podemos seguir instalados en el inmovilismo presenciando cómo nuestra Sanidad, Educación y Servicios Sociales entran en un bucle de insostenibilidad que justifique posteriormente más privatización del sistema, o explorar con los recursos existentes nuevas fórmulas que sigan garantizando nuestro sistema social desde lo público.