La nueva Fiscalía Europea: sus orígenes
Óscar Presa González.
Fiscal decano de Torrevieja..
Jurídico
La Fiscalía Europea tuvo su origen en la necesidad de profundizar en la protección penal de los intereses financieros comunitarios mediante una autoridad que tuviese facultades para perseguir los delitos que contra aquellos se cometieren.
En el año 1995 surgió la idea de la European Public Prosecutor’s Office (EPPO) o Fiscalía Europea, al comprobar que para la protección de los intereses financieros de la Comunidad los métodos tradicionales intergubernamentales de cooperación resultaban lentos, complejos y poco eficaces. La Comisión solicitaría a seis prestigiosos académicos universitarios, dirigidos por la profesora Mireille Delmas-Marty, que sugiriesen una solución, y en 1996 se publicó una propuesta que incluía el establecimiento de la Fiscalía Europea denominada como Corpus Juris.
La idea era que la futura Fiscalía Europea fuese responsable de la detención y acusación de quienes hubiesen cometido cualquier delito en perjuicio de los intereses financieros de la Unión.
El Corpus Juris no tenía la pretensión de formar un “Código Penal europeo”, sino de articular una serie de normas pensadas para actuar y defender los intereses financieros de la Unión Europea, siendo presentado en el Instituto Europeo de Florencia en 1999.
El Corpus Juris contemplaba la parte de derecho especial que preveía las infracciones y sus penas. Además, el texto pretendía sentar las bases de una futura Fiscalía Europea independiente, con capacidad para investigar, perseguir y elevar a juicio el procedimiento.
En la Conferencia Intergubernamental de Niza en febrero del año 2000, se intentó por parte de la Comisión construir una base jurídica de la Fiscalía Europea. Se planteó la propuesta denominada “La protección penal de los intereses financieros de la Comunidad: el Fiscal Europeo”. Sin embargo, no fue acogida por los jefes de Estado y de Gobierno.
Este desacuerdo no desalentaría a la Comisión, que se había comprometido a adoptar el Libro Verde sobre la creación de un Fiscal Europeo. El Libro Verde se divide en ocho epígrafes, en los cuales se abordan los principales principios sobre la figura de un Fiscal Europeo.
El proyecto de la Fiscalía Europea llegaría al Tratado de Lisboa que, con la introducción del artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Unión y los Estados miembros venían obligados a combatir el fraude y toda actividad ilegal que afectase a los intereses financieros de la Unión. Ello, junto con el desarrollo del artículo 86 del TFUE, que preveía la posibilidad de que el Consejo creara mediante reglamentos una Fiscalía Europea a partir de Eurojust, posibilitaba, desde el punto de vista jurídico, un marco desde el cual la Unión podía dar lugar al establecimiento de la Fiscalía Europea.
En el citado Tratado de Lisboa se procedió a la inclusión de la figura de la Fiscalía Europea en el capítulo IV bajo el epígrafe “Cooperación judicial en materia penal”.
Siendo su cometido principal combatir el fraude contra las finanzas de la UE, se le otorgó competencia para conocer de los delitos de fraude, corrupción, blanqueo de capitales que perjudiquen los intereses financieros de la Unión y fraude transfronterizo en materia de IVA que supongan un perjuicio superior a 10 millones de euros.
El 14 de octubre de 2019 Laura Codruta Kövesi, fiscal del Tribunal Supremo de Rumanía, fue nombrada primera fiscal general europea.
La Fiscalía Europea empezó a funcionar el 1 de junio de 2021.
Desde la creación de la Fiscalía Europea se han ido sucediendo las operaciones dirigidas a la lucha contra el fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales que perjudican los intereses financieros de la UE.
Seis semanas después de que la Fiscalía Europea iniciara sus operaciones ya se habían tramitado más de mil denuncias de fraude que afectaban a los intereses financieros de la UE, habiéndose intervenido más de 7 millones de euros en bienes. El 14 de septiembre de 2021 la Fiscalía Europea ya había recibido más de 1.700 denuncias e incoado más de 300 causas por delitos cometidos en el seno de los Estados miembros, estimándose en 4.500 millones de euros el daño producido.
Al respecto, se estima actualmente que los países de la UE perdieron en 2018 unos 140.000 millones de euros de ingresos en concepto de IVA como consecuencia del fraude transnacional. Los Estados miembros también han comunicado que en 2015 se utilizaron indebidamente unos 638 millones de euros de fondos estructurales de la UE.
Desde entonces han sido continuas las detenciones de investigados e intervenciones de bienes y dinero producto del fraude a los intereses de la UE, siendo dicha institución un verdadero éxito a nivel internacional de la cooperación penal entre los Estados miembros y logrando con ello avanzar en los objetivos de establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro de la Unión Europea.