Jurídico

Jesús Félix García de Pablos. Si bien, la jurisprudencia tradicional del Tribunal Supremo, respecto de la constitución de la hipoteca en garantía de un préstamo, era que el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados era el prestatario, las Sentencias de 16, 22 y 23 de octubre de 2018, dictadas por la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en los asuntos 5350/2017, 4900/2017 y 1168/2017, respectivamente, en relación con la determinación del sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados referido a los préstamos hipotecarios, consideraron por el contrario sujeto pasivo de dicho gravamen al prestamista con un enorme giro jurisprudencial.

Thomas Becerril. La reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil pretende agilizar el lanzamiento en viviendas ocupadas de manera irregular, problema que venía afectando a gran parte de los barrios y ciudades de nuestro país y atrayendo todo tipo de problemática social, además de la estrictamente jurídica.

La reforma se limita a proteger la posesión, en el caso de entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas y pequeños propietarios particulares, por lo que quedarían fuera, en principio, los llamados fondos buitre, así como las entidades financieras como bancos y cajas de ahorro; que en los últimos años han venido amasando un considerable patrimonio inmobiliario derivado, en su mayor parte, de ejecuciones hipotecarias contra sus clientes.

Soledad Marquina Campayo. La palabra pareja va directamente relacionada con la unión y convivencia de dos personas, independientemente de sus características personales. Desde hace años, las parejas que por diversas razones no desean unirse mediante el matrimonio, optan por inscribirse en los registros autonómicos como parejas de hecho, con el fin de consolidar sus relaciones a presente y futuro.

Betsabé Laullón Casares. Como es sabido, la polémica en relación con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) ha girado en torno a la falta de realización del hecho imponible teniendo en cuenta el acusado descenso producido en el valor de los terrenos en los últimos años como consecuencia de la situación de crisis económica y del sector inmobiliario por la que ha atravesado nuestro país.

Tras las Sentencias del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo, en la que se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del TRLHL y 26/2017, de 16 de febrero, y 37/2017, de 1 de marzo, se han generado pronunciamientos contradictorios en los Tribunales de Justicia.