Jurídico

Daniel Pérez Almansa. El artículo 1.255 del Código Civil otorga a las partes contratantes plena voluntad para establecer las condiciones y pactos que estimen en los contratos (siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público), encontrándose recogidos entre ellos aquellos supuestos que establecen los motivos y efectos del incumplimiento de los mismos.

No obstante, en lo que refiere a las compraventas de bienes inmuebles, el artículo 1.504 del mismo Código estipula que “en la venta de bienes inmuebles, aun cuando se hubiera estipulado que por falta de pago del precio en el tiempo convenido tendrá lugar de pleno derecho la resolución del contrato, el comprador podrá pagar, aun después de expirado el término, ínterin no haya sido requerido judicialmente o por acta notarial. Hecho el requerimiento, el Juez no podrá concederle nuevo término”; sin embargo, y a pesar de la aparente sencillez del precepto, el mismo esconde una cierta complejidad que se abordará a continuación.

M.ª Ángeles Díez. La vigésima sexta convocatoria del congreso bienal que celebra la World Jurist Association (WJA), que acogió Madrid este 2019, sirvió para fortalecer, promover y difundir la paz a través del Derecho. No en vano su espíritu se fundamentó sobre la premisa de “pax orbis ex juris”, en reconocimiento de la dignidad de las personas y de los derechos humanos. La WJA nace en Estados Unidos en 1963 con el fin de fortalecer el Derecho internacional y sus instituciones, respaldada por el presidente Eisenhower, reconociendo que “el mundo no tiene otra opción entre la fuerza y el Derecho: si la civilización quiere sobrevivir, tiene que elegir la fuerza del Derecho”.

Paloma Villarreal Suárez de Cepeda. Es muy habitual en el uso del español actual utilizar indistintamente las palabras “moral” y “ética” para referirse a un conjunto de normas relacionadas con “la buena conducta”. Así, se dice que no es ético o es inmoral el comportamiento del político que, abusando de su cargo, se enriquece ilegítimamente.

Jesús Félix García de Pablos. Si bien, la jurisprudencia tradicional del Tribunal Supremo, respecto de la constitución de la hipoteca en garantía de un préstamo, era que el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados era el prestatario, las Sentencias de 16, 22 y 23 de octubre de 2018, dictadas por la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en los asuntos 5350/2017, 4900/2017 y 1168/2017, respectivamente, en relación con la determinación del sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados referido a los préstamos hipotecarios, consideraron por el contrario sujeto pasivo de dicho gravamen al prestamista con un enorme giro jurisprudencial.

Thomas Becerril. La reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil pretende agilizar el lanzamiento en viviendas ocupadas de manera irregular, problema que venía afectando a gran parte de los barrios y ciudades de nuestro país y atrayendo todo tipo de problemática social, además de la estrictamente jurídica.

La reforma se limita a proteger la posesión, en el caso de entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas y pequeños propietarios particulares, por lo que quedarían fuera, en principio, los llamados fondos buitre, así como las entidades financieras como bancos y cajas de ahorro; que en los últimos años han venido amasando un considerable patrimonio inmobiliario derivado, en su mayor parte, de ejecuciones hipotecarias contra sus clientes.