Jurídico

Manuel Soto Salguero.

Las obligaciones de un admi-nistrador de fincas vienen recogidas en el artículo 20.1 de la Ley de Propiedad Horizontal (en adelante LPH):

• Velar por el buen régimen de la casa, sus instalaciones y servicios, y hacer a estos efectos las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares.
• Preparar con la debida antelación y someter a la junta el plan de gastos previsibles, proponiendo los medios necesarios para hacer frente a los mismos.
• [...]

Miguel de la Cruz Cebrián. El indulto, como mecanismo gubernativo discrecional de remoción de penas, no es nada nuevo pero sigue siendo actual como nunca, a raíz de los recientes indultos a los llamados «presos del procés» y a Juana Rivas, casos que, indudablemente, han despertado un gran interés en el público por esta institución.

Uno de los aspectos más polémicos sobre el indulto es la cantidad y la frecuencia de su concesión. En este artículo haremos un análisis estadístico de estos datos, procedentes de los informes semestrales para el año 2020 y comprobaremos si, durante la pandemia, se hizo uso o abuso del indulto.

Joan Mestre Font. La donación por definición es una institución histórica del Derecho Civil Mallorquín y en general Balear, con algunas diferencias, que permite transmitir la herencia en vida, renunciado a los derechos que como legitimario se tuvieran sobre la misma.

La donación por definición tributará en sede del donatario por el Impuesto sobre Sucesiones, por las mismas normas y tipos que lo haría en caso de fallecimiento, siendo en Baleares el tipo mucho más bajo que en las donaciones inter vivos.

Manuel Soto. La vida en comunidad conlleva muchos derechos y también muchos deberes. Uno de estos deberes es el de soportar pequeñas molestias de nuestros convecinos, como por ejemplo oír sus voces, mover sus muebles o incluso escuchar su música. Pero, ¿qué ocurre cuando dichas molestias exceden de los límites admisibles o se producen con demasiada asiduidad?

La Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2013 señala que el “Derecho a la propiedad privada constituye un derecho constitucionalmente reconocido, concebido ampliamente en nuestro ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas legal o convencionalmente que, en todo caso, deben ser interpretadas de un modo restrictivo…”.

Marcelo Merbilhaa Verón. Con el ánimo de terminar de adaptar nuestra legislación a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York en 13 de diciembre de 2006, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.