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Marcelo Merbilhaa Verón. Con el ánimo de terminar de adaptar nuestra legislación a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York en 13 de diciembre de 2006, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Borja Colón de Carvajal Fibla. Mucho se habla recientemente de los procesos selectivos en el ámbito de la función pública española. Concretamente, la Administración General del Estado presentó el pasado 26 de mayo el documento de "Orientaciones para el cambio en materia de selección en la Administración General del Estado", que se enmarca en un programa más ambicioso para repensar la selección con el objetivo de crear conocimiento y pensamiento transformador que permitiera orientar la actualización de los procesos selectivos de la Administración General del Estado a las nuevas circunstancias de relevo generacional, la irrupción de la inteligencia artificial y la robotización y las nuevas necesidades de talento que requiere la gestión pública del siglo XXI.

Gonzalo López de Ayala y Díez de Rivera. Hija de un pastor y de una ninfa, la Sibila de Cumas, de fuertes dotes adivinatorias, nació en una gruta. Avisaba cuando los piratas, abundantes en la región, planeaban atacar. Podrá predecir el futuro del dinero digital y aclararnos que bitcoin es tecnología distribuida -blockchain- no creable ni manipulable, al contrario que los CBDC (Central Bank Digital Currency) -como el euro digital- a crear y controlar por el Banco Central Europeo. Cada Estado creará su propia CBDC, con base de datos centralizadas, descentralizada o distribuida, pero siempre controlando a todos. En bitcoin nadie puede vetar un usuario.

José Tovar Jiménez. El empleo de las tarjetas de crédito como instrumento de pago es cada vez mayor y la situación actual de pandemia en la que nos encontramos ha disparado su uso, tanto para realizar los pagos en los establecimientos tradicionales como en el comercio online.

Hoy día, la falta de dinero no significa que se tenga que renunciar a realizar un curso, comprar un ordenador o a cualquier capricho que nos queramos regalar.

Rubén Díez Esclapez. Tras la reforma de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) por la Ley 34/2015, el artículo 150.1 establece un plazo general máximo de duración del procedimiento inspector de 18 meses y un plazo de 27 meses en determinados supuestos. Por su parte, el artículo 150.7 de la LGT contempla un plazo especial para los supuestos en que una resolución administrativa o judicial ordene la retroacción de actuaciones, donde las actuaciones inspectoras «deberán finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo previsto en el apartado 1 o en seis meses, si este fuera superior».