Fiscal

José Antonio Ruiz Sainz-Aja. El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha sido designado como centro perteneciente a la red de hospitales para el uso de los medicamentos CAR-T.

Estos medicamentos se gestionan habitualmente a través de acuerdos de riesgo compartido, los cuales permiten que el pago que realice la Administración sanitaria se distribuya en dos cuotas: una inicial que se efectúa con la infusión del medicamento y una segunda meses después (habitualmente 18 meses) cuando el tratamiento ha tenido efectos en el paciente. Este acuerdo tiene como consecuencia que, en caso de ineficacia del medicamento, no se proceda al pago de la segunda cuota.

David Navarro del Valle. La incertidumbre generada con la extinción del condominio está pendiente de resolución por el Tribunal Supremo que admitió a casación el recurso contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 15 de junio de 2020, mediante auto de 18 de marzo de 2021. Una resolución definitiva que se espera que permita clarificar la fiscalidad en este tipo de operaciones tan habituales.

José Armando Hernández. El derecho a un medioambiente adecuado, por su interés general, equilibrio sostenible, salud pública y derecho a la vida, debe considerarse como un derecho fundamental.

Desde una visión antropocéntrica el desarrollo sostenible y el derecho al medioambiente constituyen una verdadera base jurídica en la que las figuras tributarias puedan ser desarrolladas con una finalidad ambiental. Desde esta perspectiva el deber de contribuir, basado en el principio de solidaridad, se presenta como un instrumento adecuado para la protección del medioambiente. Ante el problema medioambiental se requieren soluciones globales, por lo que no es arriesgado intentar desarrollar tributos que superen las jurisdicciones nacionales.

Jesús Félix García de Pablos. La Ley 22/2021, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, ha establecido una tributación mínima en el impuesto sobre sociedades. Una tributación mínima aplicable a las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros, durante los 12 meses anteriores a la fecha que se inicie el periodo impositivo, y a las entidades que tributen en el régimen de consolidación fiscal (con independencia de su cifra de negocios).

Alberto Barbero Valderrama. La introducción del Real Decreto-Ley 3/2016, por el que se adoptaron medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras urgentes en materia social, supuso que la regulación de las pérdidas por deterioro de participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades se encuentre recogida actualmente en los artículos 13.2 b) y 15 k) de la Ley 27/2014 del impuesto sobre sociedades (en adelante, LIS).