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Isaac Ibáñez García. La irlandesa Emily O'Reilly ha desempeñado el cargo de defensora del pueblo europeo desde julio de 2013 hasta el 27 de febrero de 2025, fecha en la que asumirá el mismo la portuguesa Teresa Anjinho, para el periodo 2025-2029.

El Defensor del Pueblo Europeo es una institución fundamental para la ciudadanía de la Unión Europea. “Es un órgano independiente e imparcial encargado de garantizar que las agencias e instituciones de la UE se atienen a la obligación de rendir cuentas, así como de promover la buena administración. El Defensor del Pueblo ayuda a las personas, empresas y organizaciones que se enfrentan a problemas con la administración de la UE investigando las reclamaciones de mala administración relativas a las instituciones y organismos de la UE, pero también examinando de forma proactiva cuestiones sistémicas más amplias”. Es, ante todo, una magistratura de persuasión.

José Antonio Ruiz Cano. La irrupción de la inteligencia artificial (IA) está transformando numerosos sectores, y el derecho no es una excepción. En España, el uso de IA en el ámbito jurídico está suponiendo una revolución en la forma en que los profesionales del derecho trabajan, gestionan la información y prestan servicios a sus clientes. Sin embargo, esta transformación también plantea importantes desafíos y cuestiones éticas que requieren un profundo análisis.

José Ignacio Estradé Morante. Resulta innegable que vivimos en una sociedad llena de conflictos; se respira mucha agresividad y hasta violencia en todos los órdenes de la vida. En el ámbito de la Justicia nadie esconde el grave problema que existe en relación con la saturación o la falta de medios técnicos y humanos. Hemos naturalizado litigar cuando muchas veces la solución puede producirse mucho antes y de forma más amigable.

Javier de la Nava. Tal vez, cuando lleguen estas líneas al lector los acontecimientos ocurridos hayan transformado su sentido radicalmente. Hasta ahora había sido algo intranscendente, mero objeto para escribir. Verme en tantas fotos, me ha dado protagonismo como transmisor de medidas de gran relevancia y convertido en proyector indirecto de miedos y amenazas. Aparezco en infinidad de instantáneas, en manos de mi dueño o con mis compañeros, en una caja de madera a su derecha, siempre a la espera de saltar al centro de la imagen. Apenas he descansado en este mes y medio. El Despacho Oval había sido un oasis de sosiego, sin contar cosas que aquí he oído. Todo ha cambiado, ahora esto parece la cercana estación del metro en horas punta, hasta con niños a hombros de sus padres. En escasas semanas, el devenir de los acontecimientos ha sido endiablado y las expectativas, basadas en declaraciones de mi jefe durante la campaña electoral, se han superado hacia peor. No sé como resistiré la legislatura recién inaugurada.

Juan Antonio Martínez Núñez. Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria. Aunque cualquier acción sobre ese procedimiento que realice el contribuyente, de forma automática, interrumpirá la prescripción y alargará los plazos; esos plazos interminables que comienzan cuando se inicia el derecho a comprobar e investigar, con la no prescripción de la potestad comprobadora de la Administración. La Administración puede comprobar o investigar la situación tributaria sobre hechos o elementos con efectos en ejercicios fiscales no prescritos. Por ejemplo, el plazo se alarga a los 10 años para poder iniciar un procedimiento de comprobación por la compensación de bases imponibles negativas, pérdidas patrimoniales pendientes de integración, deducciones o beneficios fiscales pendientes, etc.