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Carlos Sánchez Colorado. Todos recordamos el 2023 como aquel año en el que comenzamos a utilizar ChatGPT y cómo se abría la puerta de un nuevo mundo, una nueva forma de trabajar, donde una máquina redactaba por nosotros, reescribía nuestros textos, buscaba información en internet, e incluso, se podía regular esos parámetros en función de las necesidades del usuario.

La inteligencia artificial (IA) ha seguido evolucionando, y nos encontramos en un 2025 donde se espera un gran avance en su usabilidad.

Juan Cayón Herrero. La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBC), establece en el artículo 2 las actividades sujetas a la norma. En esta lista no está mencionado el comercio de objetos de colección, por lo que la actividad no es sujeto obligado.

Merece la pena abordar la justificación legal de dicha afirmación, ya que hay algunas actividades que sí están en el listado de sujetos obligados que pueden llevar a cierta confusión. Vamos a detenernos en dos comercios: 1) objetos de arte y antigüedades y 2) metales preciosos.

Álvaro Martínez Arnaiz. ¿Qué ocurre si un activo que intervenga en el proyecto de inversión no hay que comprarlo porque ya se posee? ¿Cuál es el importe por el que hay que incluirlo en el análisis?

Estos activos ya pagados, que no suponen una salida de caja, sí deben tenerse en cuenta a su valor de mercado en el momento de la valoración. Se reflejarían por el coste de oportunidad, es decir, la cantidad que dejaríamos de percibir si ese activo, en lugar de afectarse al proyecto, se vendiera a ese precio de mercado.

Carmen Córdoba. Probablemente, podamos pensar en la acusación popular como un derecho de reciente creación, pero, realmente, la misma ya se encontraba en el derecho romano e, incluso, en la Grecia antigua, pues ya fue tratada por filósofos tales como Platón o Aristóteles.

La acusación popular, según la RAE, se define como “la posibilidad de cualquier persona para, en las condiciones establecidas por la ley, promover la acción penal, independientemente de resultar perjudicada por el delito supuestamente cometido”.

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de memoria democrática, ha dado carta de naturaleza legal a una nueva especialidad en el Ministerio Fiscal mediante la creación del fiscal de sala de derechos humanos y memoria democrática, creando una nueva fiscalía especializada, cuya principal función es la persecución penal de los crímenes y las violaciones de derechos humanos ocurridos desde el golpe de Estado y la dictadura hasta la promulgación de la Constitución.

En cumplimiento de esta ley, en julio de 2023 se procedió a la implementación de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, regulando las bases de esta nueva área de especialización, procediéndose a su despliegue territorial mediante la articulación de una red de fiscales delegados en cada provincia.