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Tomás Rojas. Como es de sobra conocido, el artículo 129.2 de la Constitución española dice textualmente: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas”.

Una manera eficaz de llevar a cabo ese fomento es dotar a las cooperativas de una fiscalidad ad hoc diferenciada de otro tipo de sociedades, que tenga en cuenta sus especialidades, y también las limitaciones a las que las somete su régimen jurídico.

Jesús Félix García de Pablos. La Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, ha modificado la disposición adicional segunda de la Ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones, para adecuar la normativa española a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014, y ha eliminado acertadamente las discriminaciones hacia los ciudadanos no residentes, estableciendo las siguientes reglas:

Eduardo Aguar. Ecos se oyeron desde fuentes tributarias gubernamentales en el año 2020 sobre el estudio de eliminar la opción de tributación conjunta en el IRPF pero se encontraron de frente con la realidad jurídica del "derecho del individuo".

Fue en el año 1989, más concretamente el 20 de febrero, cuando el Tribunal Constitucional en su Sentencia 45/1989 dictaminó el derecho a poder tributar de forma separada aun cuando existiese matrimonio entre dos personas, ya que hasta esa fecha, si existía matrimonio, era obligatorio tributar conjuntamente en el IRPF.

David Navarro del Valle. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD) es un impuesto cedido a las comunidades autónomas que en su modalidad de operaciones societarias grava todo tipo de operaciones realizadas por una sociedad, como la constitución de la sociedad, las ampliaciones de capital, las reducciones, etc. Sin embargo, desde el año 2010 nos encontramos que se trata de un impuesto con un efecto muy reducido como consecuencia de las exenciones que resultan aplicables en la mayoría de los supuestos.

Guillermo Blanco. Las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) son las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) más mediáticas y polémicas, pues sobre todas ellas ha recaído siempre la sospecha de ser utilizadas de forma fraudulenta por parte de grandes patrimonios y grupos familiares. Entre sus características más destacables podemos apuntar que revisten la forma jurídica de sociedad anónima, su constitución requiere un capital íntegramente desembolsado de 2,4 millones de euros, deben contar con un mínimo de cien accionistas fundadores y su objeto social ha de ser el propio de una IIC, esto es, la captación de fondos para gestionarlos e invertirlos.