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Juan Luis Jurado Raya. Se abre el debate político y social sobre la conveniencia de modificar al alza el cálculo de la indemnización por despido, con independencia de la causa, esto es, bien sea una extinción contractual por causas objetivas o un despido sin causa justificada.

Actualmente, la indemnización por despido está tasada en el Estatuto de los Trabajadores, su forma de cálculo no es compleja (aun cuando existe una extensa jurisprudencia al respecto); si existe causa para un despido objetivo se pone a disposición de la persona trabajadora la indemnización legal de 20 días de salario por año trabajado, y si no existiere causa la norma eleva la indemnización a 33 días de salario prevista para la calificación como improcedente del despido.

Redacción "Conectados". Los trabajadores freelances se encuadran en la categoría de autónomos, esos profesionales que miran de reojo a sus colegas de “por cuenta ajena”, esto es, en nómina, aunque no necesariamente por envidia, pues para un freelances, como la traducción del propio nombre indica, la libertad es, a veces, un coste menor que se paga por la desventaja de una peor e incierta estabilidad y seguridad. Por cierto, en este ámbito puede que la igualdad de género sea un paradigma a seguir.

José Armando Hernández. El derecho a un medioambiente adecuado, por su interés general, equilibrio sostenible, salud pública y derecho a la vida, debe considerarse como un derecho fundamental.

Desde una visión antropocéntrica el desarrollo sostenible y el derecho al medioambiente constituyen una verdadera base jurídica en la que las figuras tributarias puedan ser desarrolladas con una finalidad ambiental. Desde esta perspectiva el deber de contribuir, basado en el principio de solidaridad, se presenta como un instrumento adecuado para la protección del medioambiente. Ante el problema medioambiental se requieren soluciones globales, por lo que no es arriesgado intentar desarrollar tributos que superen las jurisdicciones nacionales.

Jesús Félix García de Pablos. La Ley 22/2021, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, ha establecido una tributación mínima en el impuesto sobre sociedades. Una tributación mínima aplicable a las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros, durante los 12 meses anteriores a la fecha que se inicie el periodo impositivo, y a las entidades que tributen en el régimen de consolidación fiscal (con independencia de su cifra de negocios).

Alberto Barbero Valderrama. La introducción del Real Decreto-Ley 3/2016, por el que se adoptaron medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras urgentes en materia social, supuso que la regulación de las pérdidas por deterioro de participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades se encuentre recogida actualmente en los artículos 13.2 b) y 15 k) de la Ley 27/2014 del impuesto sobre sociedades (en adelante, LIS).