Revista Digital

Isaac Ibáñez García. El derecho de los ciudadanos a acceder a los documentos en poder de las instituciones de la UE está reconocido en el artículo 15 del Tratado de Funcionamiento de la UE y en el artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y desarrollado, principalmente, en el Reglamento 1049/2001 sobre el acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Puede decirse que la institución más relevante a la hora de ejercer este derecho es la Comisión Europea, por lo que sus prácticas negativas en la aplicación del reglamento pueden producir un efecto contagio en el resto de órganos, oficinas y agencias europeas.

Maribel Barbosa. El pasado 29 de junio de 2023 entró en vigor la nueva Ley de Familias (RDL 5/2023, de 28 junio) como respuesta al objetivo marcado por la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019.

Esta disposición europea tiene como objetivo marcar el camino de progreso en las relaciones laborales, amparando y protegiendo toda aquella actuación que obedezca a una necesidad de atención de cuidado de familiares o dependientes, sin que quepa discriminación alguna por razón de sexo, ya sea de forma directa o indirecta.

Ángel-Lesmes Gárate Martínez. El derecho, como su propio nombre indica, hace referencia a lo que es recto, a la manera correcta de conducirse; en la lengua latina se decía ius, que tiene concordancia con la palabra justicia, pues esta procede de iustitia en latín. Así pues, el derecho y la justicia aparentemente están íntimamente relacionados. Cierto es que hay normas jurídicas, esto es, derecho, sensu stricto, que no son justas, pues, por ejemplo, respecto a la ley del aborto, se permite que este se produzca en muchos casos, así que no se protege la vida humana, con lo que estaríamos ante una ley injusta; el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo supone que un ser vivo humano que en potencia y desarrollo, esperando la gestación natural, llegará a ser un bebé, esto es, un ser humano, en condiciones normales no lo llegue a ser. Esto se ha discutido mucho por los médicos y juristas, pues en muchos casos entra en colisión el derecho de la madre y el derecho del nasciturus a su vida; véase el caso de mujeres que no desean tener al hijo por múltiples causas y que sin querer se quedaron embarazadas.

Araceli Crespo Pascual. A principios de este año se produjo una importante modificación doctrinal de la mano de las sentencias del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de fecha 16 de marzo de 2023, números 199 y 200, de las que fueron ponentes los magistrados Sra. García Paredes y Sr. Molins García-Atance, respectivamente.

Estas sentencias han dado origen a otras muchas posteriores que, en igual sentido, afirman la necesidad de valorar las circunstancias concurrentes en el sujeto afectado por la ceguera, para reconocer o no la situación de gran invalidez.

Ignacio del Portillo Peña. Con la legislación mercantil vigente en la mano, es imposible determinar que hoy en día existe una auténtica responsabilidad solidaria entre las diferentes mercantiles que integran un grupo empresarial. Cabe recordar, tal y como tiene a buen acierto señalar el PGC en su parte tercera, apartado 13, la importancia que juega la influencia significativa entre las diferentes mercantiles de cara a la catalogación como tal como empresas del grupo, multigrupo y asociadas. Y esta influencia significativa es la que nos revela que, en la mayoría de los casos, estamos actuando ante un único centro de dirección integral, y que debemos tratarlo como unidad, a fin de aplicar con severidad la normativa vigente a quienes tengan mayor capacidad (y tendencia) a vulnerarla, especialmente cuando esta legislación es incompleta o laxa.