Revista Digital

José Armando Hernández. La  respuesta no es sencilla. Ya en 1973 señalaba el profesor Peces Barba que muchos tienen una concepción de los derechos fundamentales basada en una doctrina positivista legalista en la que no entraría el estatus de iusfundamental del medio ambiente.

Pongámonos en situación. El medio ambiente tiene su primer gran reconocimiento normativo en España en la exposición de motivos de la Ley de protección del ambiente atmosférico, de 22 de diciembre de 1972:

“El Estado debe asumir una posición activa respecto a estos temas, y con mayor razón en aquellos países, como España, en los que por el grado actual de industrialización no se han alcanzado aún niveles intolerables de degradación del medio ambiente […]. Precisamente porque no es aún demasiado tarde es por lo que los esfuerzos para la protección del medio ambiente deben iniciarse sin más demora”.

José Ignacio Estradé Morante. Los medios informáticos, las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial sin duda poseen innumerables ventajas para el trabajo, los estudios y para facilitar la vida diaria de todos. Sin embargo, presentan importantes inconvenientes desde el punto de vista jurídico y de la persecución de delitos que se cometen utilizando estos medios.

Uno de los problemas es el de la autoría, que se necesita para imputar a alguien un determinado delito. Detrás de los sistemas informáticos o incluso de las redes sociales parece relativamente sencillo esconder la identidad real de una persona e, incluso, también es fácil a través de diversas conexiones VPN y con distintos servidores engañar el rastro que una persona con malas intenciones podría dejar a la hora de delinquir. Es decir, que al problema de la autoría podemos sumar el inconveniente de determinar los datos de tráfico y los rastros de navegación.

Juan Pablo González Rivas. En el contexto cultural, sociológico e histórico actual, se promulgó la Ley 4/2023, de 28 de febrero, que busca la igualdad real y efectiva de las personas trans y garantiza los derechos de las personas LGTBI. Este marco legislativo refleja una sociedad en evolución, donde la diversidad ya no es solo una cuestión de justicia social, sino también un valor empresarial crucial que se reconoce como una ventaja competitiva.

Manuel Redondo Hiruelo. En ocasiones, la figura del codemandado dentro del procedimiento contencioso-­administrativo es abusada, y pese a ser una parte legitimada únicamente para defender el acto administrativo, se convierte en una parte combate contra este.

Cuando un interesado no está conforme con un acto administrativo, por considerar que no se ajusta a derecho, este puede acudir al procedimiento contencioso-­administrativo para atacar el dicho acto. Es en este momento cuando la Administración pública se convierte en parte demandada y el interesado en parte recurrente o demandante.

Óscar Presa González. La Fiscalía Europea tuvo su origen en la necesidad de profundizar en la protección penal de los intereses financieros comunitarios mediante una autoridad que tuviese facultades para perseguir los delitos que contra aquellos se cometieren.

En el año 1995 surgió la idea de la European Public Prosecutor’s Office (EPPO) o Fiscalía Europea, al comprobar que para la protección de los intereses financieros de la Comunidad los métodos tradicionales intergubernamentales de cooperación resultaban lentos, complejos y poco eficaces. La Comisión solicitaría a seis prestigiosos académicos universitarios, dirigidos por la profesora Mireille Delmas-Marty, que s