Jurídico

José Ignacio Estradé Morante. Los medios informáticos, las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial sin duda poseen innumerables ventajas para el trabajo, los estudios y para facilitar la vida diaria de todos. Sin embargo, presentan importantes inconvenientes desde el punto de vista jurídico y de la persecución de delitos que se cometen utilizando estos medios.

Uno de los problemas es el de la autoría, que se necesita para imputar a alguien un determinado delito. Detrás de los sistemas informáticos o incluso de las redes sociales parece relativamente sencillo esconder la identidad real de una persona e, incluso, también es fácil a través de diversas conexiones VPN y con distintos servidores engañar el rastro que una persona con malas intenciones podría dejar a la hora de delinquir. Es decir, que al problema de la autoría podemos sumar el inconveniente de determinar los datos de tráfico y los rastros de navegación.

Juan Pablo González Rivas. En el contexto cultural, sociológico e histórico actual, se promulgó la Ley 4/2023, de 28 de febrero, que busca la igualdad real y efectiva de las personas trans y garantiza los derechos de las personas LGTBI. Este marco legislativo refleja una sociedad en evolución, donde la diversidad ya no es solo una cuestión de justicia social, sino también un valor empresarial crucial que se reconoce como una ventaja competitiva.

Manuel Redondo Hiruelo. En ocasiones, la figura del codemandado dentro del procedimiento contencioso-­administrativo es abusada, y pese a ser una parte legitimada únicamente para defender el acto administrativo, se convierte en una parte combate contra este.

Cuando un interesado no está conforme con un acto administrativo, por considerar que no se ajusta a derecho, este puede acudir al procedimiento contencioso-­administrativo para atacar el dicho acto. Es en este momento cuando la Administración pública se convierte en parte demandada y el interesado en parte recurrente o demandante.

Óscar Presa González. La Fiscalía Europea tuvo su origen en la necesidad de profundizar en la protección penal de los intereses financieros comunitarios mediante una autoridad que tuviese facultades para perseguir los delitos que contra aquellos se cometieren.

En el año 1995 surgió la idea de la European Public Prosecutor’s Office (EPPO) o Fiscalía Europea, al comprobar que para la protección de los intereses financieros de la Comunidad los métodos tradicionales intergubernamentales de cooperación resultaban lentos, complejos y poco eficaces. La Comisión solicitaría a seis prestigiosos académicos universitarios, dirigidos por la profesora Mireille Delmas-Marty, que s

José Ignacio Estradé Morante. En estos tiempos que corren donde el cortoplacismo y el individualismo se han hecho protagonistas en la sociedad a todos los niveles y que son, en mi opinión, enemigos de la búsqueda de soluciones ante los problemas sociales y, en particular, de nuestro sistema judicial (en estos momentos agravada por la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia), urge levantar la cabeza y reflexionar sobre cómo estamos enfocando el ejercicio profesional de la Abogacía y cómo estamos impactando con nuestra labor.