Jurídico

Rebeca Cañete. El 15 de marzo de 2021 se celebró la XXVI Cumbre Hispanofrancesa en Montauban. En esta Cumbre, España y Francia reforzaron, entre otras cuestiones, el deseo de consagrar los lazos de amistad que existen entre sus pueblos y, en consecuencia, se firmó el anhelado Convenio de doble nacionalidad entre ambos países.

Este caso es sin duda un buen ejemplo de cómo el derecho público puede ayudar a los Estados a reforzar sus ­vínculos­ históricos y potenciar sus compromisos de cooperación a través de convenios de doble nacionalidad, simbolizando así una próspera relación entre dos países. Por un lado, Francia se ha convertido en el primer Estado fuera del entorno de países, bien iberoamericanos, bien cuyos lazos históricos tienen una especial vinculación con nuestro país (Andorra, Filipinas o Portugal), con el que España firma un acuerdo de esta naturaleza.

Eduardo Aguar. Según la Real Academia de la Lengua Española, prevaricación es el delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta.

Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 3 referente a los principios generales, cita que las Administraciones públicas deberán, entre otros aspectos, respetar en su actuación y relaciones los principios de servicio efectivo a los ciudadanos, transparencia de la actuación administrativa y agilidad en los procedimientos administrativos.

José Antonio Ruiz Cano. Juan de Lugo, Luis de Molina, Martín de Azpilcueta, Diego de Covarrubias, Cristóbal de Villalón, entre otros, además de aportarnos las prácticas del derecho mercantil que se llevaron a cabo en las ferias de Medina del Campo (Valladolid) del Siglo de Oro Español, fueron los pioneros de la economía moderna, bautizados con el sobrenombre de la Escuela de Salamanca, más de dos siglos antes que Adam Smith escribiese La riqueza de las naciones (1776).

Juan Luis Jurado Raya. No es una pregunta, es una afirmación. El campo magnético normativo en el que nos encontramos, y su problemática aplicativa, nos plantea a los profesionales jurídicos si la ley contempla, aun de forma interpretativa, la solución a determinados asuntos que surgen por la extraordinaria problemática en los ámbitos laboral, mercantil, fiscal, etc.

Juan Antonio González Ruiz-Henestrosa. La política de contratación pública es una de las principales herramientas para el fomento de la economía, pero también está orientada a la consecución de objetivos sociales y medioambientales. Reflejo de ello lo encontramos en el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, donde en su artículo 9 se dice literalmente: «en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana».