Jurídico

Isaac Ibáñez García. Ya en su primer informe sobre la situación del Estado de derecho en la Unión Europea, la Comisión Europea señaló que “el Estado de Derecho está consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea como uno de los valores comunes a todos los Estados miembros y que dicho principio engloba el principio de legalidad, que implica un proceso de promulgación de leyes transparente, democrático, pluralista y sujeto a rendición de cuentas”.

Juan Pablo González Rivas. El caso versa sobre la aplicabilidad o no del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) a los aranceles de notarios.

Primera cuestión prejudicial.

Surge la pregunta sobre si los notarios establecidos en un Estado miembro deben ser considerados “empresas” bajo el citado artículo 101 del TFUE. Esta cuestión se plantea en relación con diversas actividades realizadas por los notarios, como la aprobación de transacciones hipotecarias, la aposición de cláusulas ejecutivas y la elaboración de documentos notariales.

Sofía Olmos Bañón. Varias han sido las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que han ido lesionando, hasta finalmente herir de muerte el pasado 26 de octubre de 2021, al impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (comúnmente denominada plusvalía municipal), cuya regulación se contiene en los artículos 104 a 110 del texto refundido de la Ley de haciendas locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL). En este artículo se van a analizar las principales sentencias del TC que han recaído en esta materia desde el 2017, y los efectos que de estas se han desplegado en la práctica, sobre todo analizando la reciente sentencia del Tribunal Supremo (STS) 339/2024, de 28 de febrero.

Manuel Redondo Hiruelo. En mi experiencia con las Administraciones públicas, es habitual ver que existe cierto consenso sobre la imposibilidad de expropiar un bien demanial, en esencia, porque ya está afecto a otro fin público (salvando los supuestos próximos de afectaciones concurrentes).

En este sentido, no es infrecuente que las Administraciones públicas tengan la necesidad o pertinencia de transmitir ciertos inmuebles a otras Administraciones a través de diferentes acuerdos o mecanismos jurídicos, por ejemplo, utilizando convenios expropiatorios (aunque caben otras fórmulas).

Maribel Barbosa. Hace unas semanas un abogado amigo mío dijo “¡basta!”. No podía más y tomó la dolorosa decisión de dejarlo por un tiempo indefinido. Es verdad que tenía un trabajo fijo alternativo, pero me consta su sueño de ser abogado, su lucha por ejercer y tener una visión humana de esta bonita profesión. Y tras años de estudios reglados, de especializarse, de sacrificar tiempo con su familia y con él mismo, dijo que llegaba hasta ahí. Y creo que todos conocemos algún caso de impacto emocional severo y de estrés.