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Laura Garrido López. Mucho se está hablando en los últimos años sobre la transformación digital, qué supone, qué ámbito abarca dentro de una organización y qué pasos hay que dar para llegar a transformar digitalmente una empresa.

Antes que nada, hay que asumir que la transformación digital de una empresa supone un cambio cultural/organizacional de dicha empresa, no es una mera transformación del papel en un archivo, supone un cambio en la forma de hacer las tareas de cada uno de los elementos de la empresa, desde cualquier área o departamento que la compone.

José Manuel Aguilar. Entré en la facultad de económicas de la UAB en el año 1992, donde permanecí cinco años optimizando funciones de todo tipo con grandes sacerdocios matemáticos y hoy, 28 años después, tras una densa trayectoria profesional, con errores y aciertos, filias y fobias, tengo la firme convicción de ser un hombre de empresa, concibiéndola como un programa de maximización de beneficios y duración ilimitada. Estoy entrenado para medir rentabilidades, cumplir normativas, optimizar plazos de maduración y recursos, cuantificar necesidades financieras y planificar la operativa anticipándome siempre a los acontecimientos. Alterné el ejercicio profesional con formación posuniversitaria en el CEF.- de Barcelona, con la realización de dos másteres y números cursos de alta especialización en materia fiscal y contable. Me debo profesionalmente a ellos en buena medida y no quiero desa­provechar la ocasión para enviar un afectuoso saludo a todo el equipo de Barcelona y Madrid.

Félix López Esteban. Últimamente está de moda hablar de planificación financiera, algo que en España no ha sido muy popular en el pasado pese a que entidades como la nuestra llevan años insistiendo en su importancia. En otros países es el pan de cada día porque es impensable no planificar a futuro el impacto que puede tener en nuestras finanzas la toma de cualquier decisión personal vital.

¿Por qué en España es así? Sin duda, y principalmente, porque creemos en el papel paternalista del Estado y asumimos que con nuestros impuestos tenemos el DERECHO a educación pública, sanidad pública, prestaciones y subsidios por desempleo, pensiones públicas y otros beneficios sociales.

Raúl Carlos Peña. La Constitución Española en su título IV, del Gobierno y la Administración, en su artículo 104.1, dice que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo el control del Gobierno, quienes tendrán la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y de garantizar la seguridad ciudadana. Nadie pone en duda la magnifica función que realizan hoy en día las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autonómicas y locales (en adelante, FCS), pero no podemos ni debemos dejar pasar por alto aquellas labores que son encomendadas por Ley a la seguridad privada, teniendo una especial atención aquellas que son solicitadas por la propia Administración pública, y en aquellos servicios que aun no siendo públicos, sí requieren de un interés general con base en nuestra propia seguridad, como lo son las áreas comerciales, terminales de transporte, aeropuertos y, en general, en lugares de gran afluencia de público, sin olvidarnos de las infraestructuras críticas. En todas estas actividades la propia Secretaria de Estado de Seguridad recurre y hace uso del personal de seguridad privada, emitiéndoles recomendaciones y criterios de actuación y de medidas preventivas, ante la posible comisión de atentados terroristas (Instrucción N.º 6/2017), todo ello con base en el actual “ Nivel de Alerta 4”, entendido este de “riesgo alto”, dentro del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, que se incrementó del punto 3 al 4 en el año 2015, después de que se produjeran los atentados en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia, perpetrados por grupos yihadistas (Al-Qaeda y el DAES), que ha dejado perpleja a toda la UE.

 Guillermo Blanco. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia (TSJCV), mediante auto de 22 de febrero de 2019, ha planteado cuatro cuestiones prejudiciales al TJUE acerca del IVPEE y su posible colisión con el Derecho de la Unión Europea:

1) Posible infracción del artículo 1.2 de la Directiva 2008/118/CE:

El artículo 1.2 de la Directiva 2008/118/CE expresa: “Los Estados miembros podrán imponer a los productos sujetos a impuestos especiales otros gravámenes indirectos con fines específicos, a condición de que tales gravámenes respeten las normas impositivas comunitarias aplicables a los impuestos especiales o el impuesto sobre el valor añadido por lo que respecta a la determinación de la base imponible, el cálculo de la cuota tributaria, el devengo y el control del impuesto”.