Jurídico

Nieves Quevedo Román. El movimiento okupa es un movimiento social radical por el que los individuos ocupan ilegalmente las viviendas, locales, fábricas o cualquier recinto donde puedan desarrollar su vida o desarrollar sus actividades, plantaciones o cultivos, sin pagar ningún coste.

El fenómeno okupa es un tema complejo que ha generado debate en la sociedad actual. La okupación se refiere a la ocupación de viviendas o espacios abandonados por personas que no tienen un lugar donde vivir. Aunque algunos defienden esta práctica como una forma de protesta contra la especulación inmobiliaria y la falta de vivienda asequible, sin duda es ilegal y perjudicial para la propiedad privada.

Irene García Burguillo. Hay grandes parejas que todo lo mejoran. Pongamos unos ejemplos: Florentino Pérez y Ancelotti, tener vacaciones y echarse una buena siesta, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz en los Juegos Olímpicos… Sin duda estas parejas todo lo hacen más fácil, ¿o no? Si te digo que la dupla blockchain y compliance producen tanto placer como la victoria de los anteriormente mencionados, ¿me crees?

Isaac Ibáñez García. Ya en su primer informe sobre la situación del Estado de derecho en la Unión Europea, la Comisión Europea señaló que “el Estado de Derecho está consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea como uno de los valores comunes a todos los Estados miembros y que dicho principio engloba el principio de legalidad, que implica un proceso de promulgación de leyes transparente, democrático, pluralista y sujeto a rendición de cuentas”.

Juan Pablo González Rivas. El caso versa sobre la aplicabilidad o no del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) a los aranceles de notarios.

Primera cuestión prejudicial.

Surge la pregunta sobre si los notarios establecidos en un Estado miembro deben ser considerados “empresas” bajo el citado artículo 101 del TFUE. Esta cuestión se plantea en relación con diversas actividades realizadas por los notarios, como la aprobación de transacciones hipotecarias, la aposición de cláusulas ejecutivas y la elaboración de documentos notariales.

Sofía Olmos Bañón. Varias han sido las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que han ido lesionando, hasta finalmente herir de muerte el pasado 26 de octubre de 2021, al impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (comúnmente denominada plusvalía municipal), cuya regulación se contiene en los artículos 104 a 110 del texto refundido de la Ley de haciendas locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL). En este artículo se van a analizar las principales sentencias del TC que han recaído en esta materia desde el 2017, y los efectos que de estas se han desplegado en la práctica, sobre todo analizando la reciente sentencia del Tribunal Supremo (STS) 339/2024, de 28 de febrero.